¡También paran! La Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal de Perú ha convocado una movilización nacional en noviembre para exigir que se amplie el proceso de formalización. La medida de fuerza, anunciada por el presidente de la Confederación, busca llamar la atención del Congreso de la República para que extienda el plazo de formalización que permite a los mineros artesanales operar legalmente, el cual vence el 31 de diciembre.
Durante una reciente entrevista en Exitosa, Máximo Franco Becker, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal, confirmó que se realizará una protesta a nivel nacional que se desarrollará la cuarta paralización entre el 18 y el 22 de noviembre. Este anuncio se produce tras una reorganización del calendario de movilizaciones debido a la agenda legislativa del Congreso.
Según señala Franco Becker, la convocatoria responde a la urgencia de los mineros de extender el plazo del proceso de formalización, ya que es necesario para que los mineros artesanales puedan obtener el amparo legal y trabajar sin restricciones.
Miles afectados y formalización
Franco Becker señaló que los mineros artesanales han mantenido su actividad económica bajo condiciones de inestabilidad legal y social, afectando a más de 500 mil personas que dependen de esta actividad para su sustento. Según las declaraciones del dirigente, la medida se pospuso en un esfuerzo por facilitar un diálogo con el Congreso y promover una solución a través de una ley de ampliación del proceso de formalización.
En Perú, la minería está organizada en tres grandes sectores: gran minería, mediana minería y pequeña minería, que incluye a la minería artesanal. Los mineros de pequeña escala, a menudo situados en áreas rurales y en condiciones precarias, se han enfrentado a problemas de formalización desde hace décadas.
En 2012, el gobierno peruano introdujo el programa de formalización conocido como el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), cuyo objetivo era regularizar y otorgar licencias de operación a pequeños mineros y mineros artesanales. Sin embargo, la formalización ha presentado obstáculos que han retrasado el proceso y ha dejado a gran parte de este sector en una situación de incertidumbre. Cabe señalar que el plazo para completar el proceso vence el próximo 31 de diciembre, lo cual implica que, si no se extiende, los mineros artesanales que no hayan logrado formalizar sus actividades perderán el derecho a operar de manera legal.
Problemas de concesión y propiedad
Uno de los principales desafíos que enfrenta la pequeña minería en Perú es la dificultad para obtener contratos de explotación en terrenos que ya han sido concesionados a grandes empresas mineras. Según explicó Franco Becker, los mineros artesanales se encuentran trabajando en territorios concesionados a terceros y, por tanto, no tienen la titularidad ni la propiedad para operar de manera legal.
En ese sentido se señala que esto provocó conflicto en el que los pequeños mineros no pueden establecer los contratos necesarios para formalizar sus actividades, pues los términos ofrecidos por los dueños de las concesiones son poco viables para los mineros artesanales.
Franco Becker señaló que las concesiones están en manos de grandes compañías suelen exigir condiciones económicas y regalías que los pequeños mineros no pueden cumplir. A esto se añade que, en muchos casos, los mineros han realizado inversiones significativas en equipos y mejoras, las cuales consideran un derecho adquirido, sin embargo, temen perder estos recursos si no logran formalizarse.
Inversión y aportes de la minería artesanal
Franco Becker enfatizó que los mineros artesanales aportan significativamente a la economía nacional, creando empleo y dinamizando la economía en varias regiones del país. Desde su perspectiva, la inversión que realizan estos pequeños empresarios en sus operaciones debería ser reconocida y protegida, ya que contribuye a la economía local y nacional. Pese a su condición de minería en pequeña escala, el sector representa un importante porcentaje de la producción minera y genera una fuente de ingresos para numerosas familias en áreas rurales.
El presidente de la Confederación destacó además que los mineros artesanales están comprometidos con la formalidad y el cumplimiento de la ley, y que la falta de apoyo por parte del Estado ha perpetuado la inestabilidad en el sector. Los mineros consideran que, al ser empresarios e inversionistas en pequeña escala, merecen el mismo respeto y reconocimiento que se da a otros sectores económicos formales en el país.
Rechazan vinculaciones con delincuencia
La confederación también expresó su descontento con la imagen negativa de los mineros artesanales, quienes a menudo son asociados con actividades ilícitas debido a la informalidad en la que se encuentran. Franco Becker comentó que la percepción pública y algunas campañas mediáticas han promovido una relación entre la minería artesanal y la delincuencia, etiquetando erróneamente a estos mineros como actores ilegales.
Sin embargo, el dirigente aclaró que los mineros artesanales que participan en el proceso de formalización están comprometidos con la legalidad y desean regularizar su actividad en pro del desarrollo económico y social.
Exigencias y posible ilegalidad
En sus declaraciones, Franco Becker hizo un llamado al Congreso y al gobierno peruano para que tomen medidas concretas en favor de la formalización de la minería artesanal. Según él, la solución a largo plazo requiere no solo una extensión del plazo de formalización, sino una revisión integral de las leyes que regulan el sector. El líder minero sugiere que el Estado debe facilitar condiciones justas para los contratos de explotación y establecer regulaciones que respondan a las realidades del trabajo minero a pequeña escala.
Franco Becker también indicó que si no se logra una prórroga en el proceso de formalización, muchos mineros podrían verse obligados a operar en la ilegalidad o abandonar sus actividades, lo que tendría un impacto económico y social significativo en sus familias y comunidades. Según el dirigente, la formalización es responsabilidad del Estado, que debe actuar como mediador y ofrecer un marco legal acorde a las características y necesidades de la minería artesanal en Perú.