Se llamará Diego para este reportaje. Una mañana de 2016, cuando miraba las noticias, una tos violenta lo arrojó al piso y apenas tuvo fuerza para dirigirse al baño. Se enjuagó rápido, tomó el desayuno y, sin decir nada a su familia, acudió al centro de salud local, donde le tomaron una muestra de esputo.
La prueba arrojó que presentaba tuberculosis, específicamente la variante XDR, la más letal de esta enfermedad que, además de pérdida de peso, fiebre y sudores nocturnos, pulveriza los pulmones. “Mis amigos de infancia habían tenido esa enfermedad. Alguno que otro había muerto con eso, pero no pensé que me tocara”, cuenta.
De San Cosme pasó al centro de salud de El Pino, y de El Pino al Hospital Dos de Mayo. Durante más de un mes, de setiembre a octubre de 2017, Diego estuvo en la sala de aislados por tuberculosis en ese hospital, donde se tratan los casos más severos. Tenía 39 años. “Cada paciente tiene una historia, pero en una sala de hospital todos luchamos por sobrevivir —dice—. La TBC alcanza a personas con o sin dinero, a alguien como yo que un día, sin saber, está mirando la tele y no sabe que la tiene”.
Según el informe global sobre la tuberculosis 2024 de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, Perú es el país con más casos de esta enfermedad en las Américas. En 2023, el país reportó 173 casos por cada 100 mil habitantes, un incremento del 47.8% en comparación con 2020, además de 9.513 casos de secuelas del mal. Desde 2017, se ha registrado un aumento en las muertes por tuberculosis, alcanzando 5.578 fallecimientos a nivel nacional el año pasado. Los casos de tuberculosis multirresistente (MDR), o resistente al medicamento rifampicina, aumentaron un 63.1% respecto a 2020.
El activista Carlos Rojas Eccoña, coordinador del Observatorio Social de Tuberculosis del Perú, subraya que varios factores contribuyen a estas estadísticas. “Hay limitaciones en la captación de personas afectadas de tuberculosis que se encuentran en la comunidad. Si bien el Ministerio de Salud reportó 30.313 personas con este mal en 2023, la Organización Mundial de la Salud proyecta que en Perú hay 59.000 personas afectadas. Debemos cerrar esa brecha en la captación”, dijo a Infobae Perú. Otro asunto es el diagnóstico, que debe ser temprano y rápido, para lo cual se necesitan equipos especiales que sustituyan los métodos tradicionales.
Desafortunadamente, en Perú se avanza lentamente en este tema. El tratamiento puede durar entre seis meses (tuberculosis sensible) y 18 meses (tuberculosis resistente), con una gran cantidad de medicamentos que pueden ocasionar diversas reacciones adversas, desalentar la adherencia al tratamiento y limitar su éxito en ciertas poblaciones vulnerables, como las personas privadas de libertad, que concentran las mayores tasas de la enfermedad en el país.
La protección social para las personas en tratamiento es inadecuada. “Hay una seria deficiencia en la gestión del programa PANTBC, que proporciona una canasta alimentaria mensual a las personas afectadas en tratamiento. La falta de rectoría clara, sistemas de monitoreo y control y articulación provoca que la canasta no se entregue a tiempo ni con la calidad adecuada”, señaló Rojas. Según un análisis realizado por el observatorio, de 192 gobiernos provinciales, 139 (72.3%) no entregaron la canasta o tuvieron retrasos de un mes o más.
“Se nos informa que intervienen tres actores: MIDIS, MINSA y gobiernos locales, pero ninguno asume responsabilidades ni rinde cuentas. Los gobiernos locales no cumplen con la distribución; MIDIS no monitorea adecuadamente, y MINSA solo proporciona listas sin evaluar resultados. Las deficiencias se denuncian sin solución y, al final, las personas reciben canastas tardías o incompletas, incumpliendo el objetivo del programa“, refiere.
El abandono al tratamiento, un problema arrastrado desde hace años sin atención específica, afecta principalmente a personas usuarias de drogas en estado de abandono. Grupos que deben ser abordados con políticas de salud que contemplen la atención de salud mental. La enfermedad también debe enfocarse en quienes sufren secuelas, que desde nuestra perspectiva no están siendo abordadas de manera adecuada por el Estado. Estas personas necesitan atención integral y protección social. “La tuberculosis no termina con la ingesta de la última pastilla”, recalca el activista.
Acceso a tratamiento
El acceso a tratamientos avanzados es limitado. Aunque la norma técnica de 2020 incluía tratamientos acortados y orales, se aplicaron en cantidades reducidas. Rojas Eccoña refiere que aguardan la promulgación de una nueva actualización que incluya esquemas acordes a criterios internacionales, cuya rápida implementación representa un desafío.
“Para mejorar la atención integral de pacientes, se debe asegurar la identificación temprana de los afectados, fortalecer la captación activa con participación comunitaria y dotar al país de más equipos para diagnóstico rápido. También es importante abordar la salud mental, especialmente en personas que abandonan el tratamiento o son reacias, como usuarios de drogas. Además, el abordaje de las secuelas sigue siendo limitado, requiriendo nuevos enfoques en las directivas de salud”, señala.
No es lo único. El sistema de salud, según el activista, debe fortalecer sus procesos de atención, mejorar la captación, la identificación temprana con nuevas tecnologías, implementar rápidamente tratamientos acortados y orales en todo el país y abordar de manera integral las secuelas, con énfasis en grupos vulnerables, como personas usuarias de drogas en abandono, personas privadas de libertad o con comorbilidades como VIH y diabetes. Esto implica mejorar la infraestructura de atención de la tuberculosis y fortalecer al personal de salud encargado de la atención, además de la rendición de cuentas y la transparencia en la respuesta a la tuberculosis.
Para el médico epidemiólogo Antonio Quispe, el reciente informe “es un llamado a la acción” para la comunidad científica, los sistemas de salud y los gobiernos. “La OMS enfatiza que solo a través de avances tecnológicos y una respuesta global concertada podremos aspirar a reducir el impacto de esta enfermedad mortal”, anotó.
La respuesta también involucra impulsar la captación de afectados mediante búsquedas activas y participación comunitaria, además de mejorar la atención en establecimientos de salud. El activista también sugiere crear una directiva para el abordaje integral de personas con secuelas, que incluya prevención, tratamiento, seguimiento y protección social, así como aumentar la participación de la sociedad civil y organizaciones de personas afectadas, con consejería par, y exigir que las instancias estatales rindan cuentas conforme a la Ley de Tuberculosis 30287.