El gobierno de la presidenta Boluarte declaró en emergencia la ciudad de Trujillo desde febrero del 2024, y más de nueve meses después, la medida de excepción parece no tener efecto en el control de la seguridad ciudadana en la región La Libertad. Hasta ahora, los distritos de Pataz, Trujillo y Virú siguen experimentando actos criminales como extorsiones y la detonación de explosivos.
Hace una semana, en medio de protestas en Virú por mejoras en seguridad ciudadana, el gobernador César Acuña pidió formalmente que el Gobierno envíe al Ejército para que tome el control de Trujillo y Virú; algo que finalmente ocurriría a partir de diciembre y se extenderá por 90 días, según sus propias declaraciones a la prensa.
“Creo que el estado de emergencia va a terminar en diciembre, porque en diciembre si esto sigue peor, quien va a controlar por 90 días a Trujillo es el Ejército. Mientras que en 90 días se implementa la base Dinoes en Trujillo. Ya el lunes viene el coronel que va a ser responsable de Dinoes en La Libertad. Viene el coronel Arana. Vamos a hacer un plan (...) Va a ser una experiencia como en Estados Unidos”, afirmó Acuña ante los medios de comunicación.
Desbordando la capacidad policial
En el documento dirigido a la PCM, Acuña Peralta subrayó la necesidad urgente de restablecer el orden en Trujillo y Virú, donde las organizaciones criminales han tomado las calles y han desafiado abiertamente a la autoridad.
En un operativo policial en el distrito de El Milagro, el día 27 de Octubre, la Policía Nacional detuvo a tres personas, incluyendo a un miembro de una organización criminal conocida por su participación en el sicariato. A pesar de estas acciones, la incapacidad de la Policía para controlar la situación ha llevado a cuestionar su eficacia.
Las autoridades regionales argumentaron que la presencia del Ejército podría proporcionar el respaldo necesario para restablecer la seguridad y el orden público. La propuesta no es nueva; en diversas ocasiones, ante crisis de seguridad, se ha apelado a la intervención militar como una solución para enfrentar el aumento de la violencia.
César Acuña contra las protestas durante APEC
El jueves 7 de noviembre, en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, un grupo de gobernadores regionales sostuvo una reunión en la que se firmó un pronunciamiento que se hizo público esta mañana titulado “Por un clima de paz para el desarrollo y la competitividad”.
Sin embargo, no fueron todos. El documento, que fue difundido en las redes sociales de todos los ministerios, solo cuenta con la firma de 15 de los 25 gobernadores regionales en el país, entre los que se encuentra César Acuña.
Entre los firmantes se encuentran las autoridades regionales de Amazonas, Cajamarca, Ica, Lima, Moquegua, Tumbes, Huánuco, Huancavelica, Lambayeque, Pasco, Ucayali; también se pueden ver las firmas de Luis Neyra (gobernador de Piura), Rohel Sánchez (gobernador de Arequipa), Ciro Castillo (gobernador del Callao), y Wilfredo Oscorima (gobernador de Ayacucho).
“Es deber de todos los peruanos y peruanas generar condiciones de estabilidad y paz social para fortalecer la unidad y acelerar el camino de la reactivación económica. A la vez, debemos reafirmar el compromiso de trabajar de manera colaborativa para enfrentar la problemática de inseguridad y fortalecer la vigencia del estado de derecho para lograr un país próspero en el Bicentenario de nuestra independencia”, se indica en el documento en clara referencia a la situación de inseguridad que se vive actualemente y que es el principal reclamo de los ciudadanos.
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