El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, avala protección de policías y militares para que usen armas contra delincuentes durante el ejercicio de sus funciones. “Estamos en guerra, y si estamos en guerra, los enemigos que nos disparan, que nos atacan, pues son abatidos”, sostuvo durante la inauguración de una nueva Unidad de Flagrancia, en el distrito de San Martín de Porres.
Se mostró de acuerdo con la decisión del Congreso de la República de aprobar la ley que permite a la policía disparar durante intervenciones, y que prohíbe a los jueces y fiscales determinar detención preliminar judicial o prisión preventiva.
La máxima autoridad del PJ, se dirigió a la ciudadanía y a los críticos de los acuerdos alcanzados en el reciente Consejo de Estado, celebrado el 5 de noviembre en el Palacio de Gobierno. Durante su discurso, subrayó la necesidad de medidas extraordinarias para enfrentar la crisis de seguridad que vive el país. “Nos hemos convencido de que el Perú está en una situación muy difícil, casi de guerra”, afirmó , destacando la urgencia de que el Congreso apruebe normativas que fortalezcan el apoyo a las actividades jurisdiccionales y a la policía.
El proyecto de ley propuesto busca otorgar a la policía la facultad de abatir a delincuentes que se enfrenten a ellos con armas, una medida que Arévalo considera crucial para mejorar la seguridad pública. Esta iniciativa se enmarca en un contexto de creciente violencia y criminalidad que ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad peruana.
¿Impunidad?
El abogado del IDL, Juan Jose Quispe, expresó en sus redes sociales que al otorgar a la Policía Nacional un amplio margen para el uso de armas de fuego, podría resultar en la impunidad de actos violentos contra ciudadanos. Este marco legal, que se espera sea promulgado antes de la cumbre de APEC, ha sido criticado por permitir que los agentes policiales continúen en servicio incluso después de causar muertes o lesiones, hasta que se dicte una sentencia condenatoria.
También cuestiona al presidente del Poder Judicial, por avalar normas consideradas inconstitucionales. Según las críticas, este funcionario parece aplicar el principio de la ley únicamente en situaciones de enfrentamientos entre policías y delincuentes, bajo la premisa de que el país está en una “guerra” contra el crimen.
La preocupación se extiende a la posibilidad de que esta legislación facilite la formación de “escuadrones de la muerte” dentro de la policía, que podrían actuar con impunidad. Además, se ha señalado que la ley otorga a la policía un control excesivo sobre las investigaciones preliminares, excluyendo a la Fiscalía de supervisar la legalidad de las diligencias.
Congresistas en oposición
Durante el reciente debate en el Congreso peruano, la congresista Ruth Luque expresó su preocupación por lo que considera una “captura de la justicia” en el país. Según Luque, el Congreso ha aprobado un conjunto de leyes que, en su opinión, favorecen la impunidad y el autoritarismo. Estas declaraciones se dieron en el contexto de una discusión sobre un proyecto de ley que, según algunos legisladores, podría limitar las funciones del Ministerio Público.
La congresista Susel Paredes también se manifestó en contra del proyecto, argumentando que la norma propuesta vulnera la autonomía del Ministerio Público. Durante su intervención en el Pleno, Paredes señaló que el proyecto impide a los fiscales solicitar medidas como la detención preliminar y la prisión preventiva, lo que podría llevar a algunos jueces a considerar estas normas como inconstitucionales.
Paredes hizo un llamado al Parlamento para que respete la independencia del Ministerio Público y reconsidere las leyes que están promulgando. En su discurso, destacó la importancia de no limitar excesivamente las funciones de los fiscales, recordando su propia experiencia personal y la protección que ha recibido de las fuerzas del orden.
Por su parte, Luque criticó duramente la actuación del Congreso, afirmando que las decisiones recientes no solo afectan la independencia judicial, sino que también podrían estar al servicio de intereses autoritarios. Según la congresista, estas medidas representan un retroceso en la lucha por una justicia imparcial y equitativa en el país.