En medio de una crisis de inseguridad, sectores como el ministro del Interior e incluso el presidente del Consejo de Ministros, han criticado la labor del Ministerio Público y del Poder Judicial por la liberación de criminales. Sin embargo, uno de los factores que podría explicar estas medidas sería una decisión tomada por la presidenta Dina Boluarte en noviembre del año 2023: la publicación del Decreto Legislativo 1585.
El documento legal, publicado en el Diario El Peruano el 22 de noviembre del año pasado, señala una serie de medidas adoptadas por la gestión de Dina Boluarte para el “deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios”, es decir, para reducir la población carcelaria que actualmente excede a las capacidades de la infraestructura actual.
La medida aumentó la cantidad de años necesarios para que el Poder Judicial dicte una sentencia de prisión efectiva, que pasó de ser al menos cuatro años a cinco años. Dependiendo de cada caso, las personas que sean juzgadas o incluso que ya hayan sido condenadas, pueden acogerse a este decreto de forma retroactiva para cambiar sus sentencias de prisión por otras de servicio a la comunidad.
El hijo de Alberto Fujimori, Kenji Fujimori, fue uno de los beneficiados por esta modificación al Código Penal en el caso de los ‘Mamanivideos’. En lugar de ser sentenciado a 4 años y medio de prisión, el Poder Judicial tomó en consideración que el excongresista no tenía antecedentes penales y otros factores para suspender la pena e imponer una sanción suspendida.
Otros beneficiados por este decreto legislativo incluyen, por ejemplo, a casos de tentativas de robo, violación sexual a menores, extorsión, tráfico ilícito de drogas, lesiones culposas, colusión, cohecho, entre otros. En estos casos, las sentencias, que eran de entre 4 y 5 años, pasaron a ser de prisión suspendida o de servicio comunitario.
Mineros ilegales también serían beneficiados
Más de 10 mil acusados de minería ilegal también podrían ser beneficiados por las disposiciones del Decreto Legislativo 1585 promulgado por Dina Boluarte. Esto es posible, pues en la legislación actual, este delito puede tener penas mínimas de 3 años y máximas de hasta 12, por lo que si los procesados no llegan al menos a 5 años de pena privativa de la libertad, apenas son sancionados y pueden evitar la prisión.
De acuerdo al reportaje de Paul Tuesta, entre 2019 y marzo de 2024, el Ministerio Público recibió 10 mil 510 denuncias por minería ilegal, con 4.487 de estas solo en la Amazonía. Sin embargo, solo 57 casos de minería ilegal agravada fueron resueltos en los últimos seis años.
Penas entre 10 y 12 años también pueden ser modificadas
El decreto legislativo permite que tanto procesados como condenados a prisión efectiva por más de una década puedan cambiar su pena por la vigilancia electrónica.
El documento indica, por ejemplo, que un juez -si se le pide- puede cambiar una pena de cárcel si esta no es mayor de 10 años, o en caso de que sea no menor de 10 ni mayor a 12 años.
En este último caso, además de la vigilancia electrónica, también se impone un periodo de prestación de servicios a la comunidad. Esto también incluye a quienes actualmente se encuentran recluidos en un penal.
Fiscal Chávez Cotrina culpa al gobierno por crímenes
Estas declaraciones fueron realizadas durante su intervención en el evento Comprometidos por la seguridad ciudadana: enfrentando juntos los retos y desafíos, organizado por la Cámara de Comercio de Lima y que contó con la presencia de gremios y representantes de la sociedad civil.
En su discurso, Chávez Cotrina explicó que las normas recientemente aprobadas dificultan la aplicación de la prisión preventiva al requerir penas mínimas más altas. “Para que una persona sea sometida a prisión preventiva, el delito debe tener una pena mínima de cinco años. Antes solo se requerían cuatro años”, indicó el fiscal, subrayando que esta modificación permite que más personas acusadas de crímenes graves evadan la cárcel.
El fiscal también estimó que si el gobierno no toma acciones inmediatas, para el próximo año el Perú podría experimentar una situación aún más grave.
“La criminalidad en el país es realmente grave, por ello si el Congreso de la República y Ejecutivo no toman las decisiones oportunas, el próximo año será una situación inmanejable (...) Si tenemos una Policía, Ministerio Público y Poder Judicial en quiebra, ¿cómo se puede luchar contra el crimen organizado?”, indicó el coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada.
Aumentar las penas no servirá para luchar contra el crimen
Por otro lado, pese a la intención del gobierno de incrementar las penas para los crímenes como la extorsión y el sicariato -pese a que ambos pueden llegar a la cadena perpetua en formas agravadas- el fiscal Chávez Cotrina indicó que esta medida no tendrá un efecto positivo.
“El derecho penal se utiliza como último recurso en la lucha contra la criminalidad, esa no es la solución. Usted puede decretar que todos los delitos sean de cadena perpetua y eso no logrará disminuir porque el delincuente no lee el código penal para empezar”, indicó en el programa ‘Los Fiscales’, del Ministerio Público.
El representante del Ministerio Público también afirmó que tanto el Ejecutivo como el Legislativo han emitido una serie de normas que son contradictorias entre sí respecto al internamiento de criminales a centros penitenciarios. “El Estado necesita una política seria contra el crimen. No es cuestión de que el Ejecutivo tenga una estrategia y el Legislativo su estrategia. Ambos chocan y ahí están las consecuencias (...)”, sostuvo.
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