Confiep criticó la designación de Alejandro Narváez en Petroperú por perfil político de izquierda

El reciente nombramiento de Alejandro Narváez como presidente del directorio de Petroperú generó una controversia significativa, especialmente desde el sector empresarial. Con base en RPP, Alfonso Bustamante Canny, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), criticó abiertamente la designación. El líder gremial sostuvo que el puesto requiere a un técnico y no a alguien con un “perfil político”. Explicó que le “sorprendió mucho la designación de Alejandro Narváez como presidente de Petroperú, pues el perfil es un perfil político de una persona, además, marcadamente de izquierda”.

La designación de Narváez no es una novedad en el ámbito de Petroperú, ya que anteriormente utilizó el mismo cargo entre 2003 y 2005. Sin embargo, su regreso ocurre en medio de cuestionamientos. RPP informó que existe un proceso judicial en su contra por un presunto delito de violación ocurrido en 1973. Además, Narváez es conocido por su filiación política con el partido Juntos por el Perú, dato confirmado por Infogob, portal que lo registra como un afiliado válido del partido, lo que incrementa la preocupación sobre su idoneidad para liderar una empresa que actualmente enfrenta numerosos desafíos financieros.

La decisión de designar a Narváez tuvo repercusiones inmediatas dentro de la estructura de la empresa. Diversos medios señalaron que tan pronto como se anunció su designación, dos miembros del nuevo directorio de Petroperú renunciaron a sus cargos. Este desarrollo fue catalogado por Bustamante como una “situación de crisis nuevamente”. Bajo su perspectiva, la designación de un político en vez de un técnico “es un gran retroceso, y lo que queremos hacer con ello es llamar la atención de la señora presidenta de la república para que haga una rectificación”.

El panorama se complica tras la reciente autorización del Estado para inyectar fondos significativos en Petroperú a través de un Decreto de Urgencia, lo que permite un apoyo económico temporal mientras se implementa un Plan Maestro de Operaciones (PMO). Este contexto, acentúa la necesidad de un liderazgo que genere confianza. Bustamante criticó que esta confianza no se fomenta con la cabeza actual de Petroperú y sugirió que podría “haber una serie de presiones” sobre Dina Boluarte, presidenta de la república, desde sectores vinculados a la empresa.

Las implicaciones de tales decisiones tienen un alcance financiero fundamental. El Estado peruano está comprometido con una cifra que alcanza los 2.692 millones de dólares (aproximadamente 2.536 millones de euros) sumando la inyección de capital, exenciones y garantías. Frente a este panorama, Bustamante enfatizó que “hay mucho dinero como para no tener un directorio de primer nivel que genere confianza”.

La respuesta y las acciones del Gobierno ante estas críticas son claves para el futuro de Petroperú. Bustamante hizo un llamado explícito al Gobierno para que reevalúe su postura en cuanto a la designación de Narváez, afirmando que “si lo que se quiere generar es confianza, en vez de poner a un técnico capacitado, con experiencia, se ponga a un político”. Este reclamo refleja un creciente consenso sobre la necesidad de resolver la crisis actual con decisiones estratégicas y bien asesoradas.

Es crucial recordar que Alejandro Narváez no es solo una figura política, sino también un actor con una historia complicada dentro de la empresa estatal, hecho que se mantiene en vilo a sectores importantes del país. La situación de Petroperú, ya tensa por sus problemas financieros, ahora enfrenta una mayor incertidumbre con la llegada de un liderazgo que no cuenta con el respaldo total del sector empresarial ni de sus mismos miembros de directorio.