Ultimátum. Loreto, una región en la Amazonía peruana, enfrenta una nueva ola de protestas por parte de comunidades indígenas que exigen el cumplimiento de acuerdos establecidos con el Gobierno peruano desde 2017.
Las comunidades, que habitan en las áreas de influencia de los lotes petroleros 192 y 8, han anunciado un paro indefinido y la recuperación de afluentes debido a lo que consideran incumplimientos por parte del Estado. El plazo para que el gobierno respondiera a sus demandas venció el 31 de octubre.
Las demandas de estas comunidades incluyen la implementación de acuerdos de Consulta Previa, la remediación ambiental de sitios contaminados y la mejora de servicios de salud en las áreas afectadas. Las organizaciones han advertido que, sin una respuesta efectiva, no permitirán la reactivación de las operaciones petroleras en los lotes mencionados.
Desde 2017, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Gobierno Regional de Loreto se comprometieron a atender estas demandas, pero las comunidades sostienen que los compromisos no se han cumplido, lo que ha generado tensiones y el anuncio de medidas de fuerza.
Alfonso López Tejada, presidente de la Asociación Cocama para el Desarrollo y Conservación de San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), reveló que las comunidades de la cuenca de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón han soportado más de 50 años de problemas derivados de la explotación petrolera y enfrentan la perspectiva de otros 30 años bajo nuevos contratos.
López Tejada enfatizó que, aunque no se oponen al desarrollo, no pueden seguir siendo pacientes mientras sus territorios sufren daños. Además, solicitó comprensión a las empresas que operan en los ríos mencionados, advirtiendo que tomarán medidas para recuperar sus territorios en los próximos días.
¿Podría ser el inicio de un nuevo ‘Baguazo’?
Aurelio Chino, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), aclaró que la paralización no busca obstaculizar el desarrollo del país, sino exigir que el Estado y las empresas petroleras cumplan sus compromisos.
Chino destacó que existen deudas sociales con el gobierno central y regional, y ahora esperan que los ministros se desplacen a las cuencas para ofrecer respuestas concretas. Rechazó las etiquetas de “salvajes” o “terroristas” que se les atribuyen, subrayando que son peruanos y seres humanos.
Finalmente, Jorge Pérez, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), subrayó la necesidad de un plan que garantice que no se repitan los abusos ni se incumplan los compromisos con los pueblos indígenas.
Pérez señaló la falta de voluntad del gobierno regional para concretar acciones, lo que considera una falta de respeto y discriminación hacia los pueblos indígenas. Recordó el “Baguazo” como un ejemplo de las consecuencias de la arrogancia y la falta de atención a las demandas indígenas.
La situación en Loreto y toda la Amazonía peruana es crítica, ya que las comunidades han sido históricamente afectadas por la actividad petrolera, lo que ha derivado en problemas de contaminación ambiental y de salud. La falta de atención a estos problemas ha llevado a las organizaciones indígenas a tomar una postura firme en defensa de sus derechos y territorios.
¿Quiénes operan los lotes 192 y 8 de Loreto?
El Lote 192, anteriormente conocido como Lote 1-AB, es operado actualmente por Petroperú y la empresa Altamesa. Ambas compañías tienen previsto retomar la explotación de crudo hacia finales de 2024.
Antes de la paralización de sus operaciones en marzo de 2020, este lote producía aproximadamente 12.000 barriles diarios de petróleo. La contaminación en la zona ha sido atribuida a las empresas que operaron anteriormente en el lugar.
Por otro lado, el Lote 8 ha sido adjudicado temporalmente a la empresa Upland por un periodo de cuatro años. Esta decisión se tomó tras el abandono de la zona por parte de Pluspetrol, que dejó un historial de derrames en el área.
La adjudicación busca reactivar la producción en esta región, aunque las comunidades insisten en que cualquier operación debe estar acompañada de un compromiso firme por parte del gobierno para cumplir con las promesas hechas a los habitantes locales.