Delia Espinoza Valenzuela asumió la Fiscalía de la Nación de Perú en una ceremonia realizada en la sede del Ministerio Público en Lima, destacando la ausencia notaria de la presidenta Dina Boluarte y de los representantes del Congreso. Según información de La República, la magistrada decidió no convocarlos al evento. Su elección se concretó el pasado 18 de octubre, cuando la Junta de Fiscales Supremos, integrada por Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y la misma Espinoza, le otorgaron el cargo, sucediendo al fiscal interino Juan Carlos Villena.
Durante su juramentación, la titular delineó los pilares fundamentales de su gestión y subrayó su firme compromiso en la lucha contra la delincuencia organizada. Una de sus iniciativas más destacadas es la implementación de nuevas herramientas y recursos en las fiscales especializadas para enfrentar tanto a las grandes organizaciones criminales como a las bandas locales. Además, enfatizó la necesidad de modernizar la Ley Orgánica del Ministerio Público.
“Nuestra Ley Orgánica vigente datos de 1981″, destacó Espinoza, y agregó que su propósito es “consolidar los principios, valores institucionales y optimizar su funcionamiento”. Este enfoque fue ampliamente discutido en múltiples medios, que resaltan su intención de reactivar convenios para potenciar la eficiencia de la institución.
El mandato de la jefa del Ministerio Público priorizará casos de alto perfil, entre los cuales destacan las investigaciones que involucran a la presidenta Dina Boluarte. Entre los casos mencionados se encuentran supuestas reuniones con la exfiscal Patricia Benavides y el sonado caso Cofre. Asimismo, Espinoza se enfocará en el proceso en curso contra el ministro del Interior, Juan Santiváñez, quien se enfrenta a una acusación de presunto abuso de autoridad.
En relación con la aprobación de leyes, la autoridad fiscal está preparando una demanda de inconstitucionalidad contra una normativa que faculta a la Policía Nacional del Perú para realizar investigaciones preliminares. De acuerdo con La República, ella afirma que “la aprobación de la Ley 32130 se condice con el artículo 159 número 4 de la Constitución”, subrayando la función primigenia del Ministerio Público en la conducción de las investigaciones. Los medios señalaron que Espinoza pretende utilizar esta demanda para resaltar el rol preponderante del Ministerio Público frente a las atribuciones legislativas del Congreso.
Un tema polémico al que la magistrada respondió acuciosamente es la crítica del primer ministro Gustavo Adrianzén, quien culpó a los fiscales de liberar a delincuentes. La fiscal refutó estas afirmaciones resaltando su carácter erróneo y anunció que presentará un análisis estadístico para respaldar su defensa. “No somos políticos, somos técnicos jurídicos”, expresó Espinoza, en palabras citadas por los medios, enfatizando en la integridad y pulcritud jurídica que guía el accionar de su equipo.
¿Quién es Delia Espinoza Valenzuela?
El perfil académico y profesional de Delia Espinoza Valenzuela la precede como abogada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestrías en Gestión Pública y Ciencias Penales, y un doctorado en Derecho y Ciencia Política. Antes de su nombramiento como fiscal de la Nación, adquirió el cargo de fiscal suprema titular desde 2022 y formó parte de la redacción del proyecto de una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público. Su sólida formación y experiencia fortalecen su posición para afrontar los retos que implica dirigir la Fiscalía en un contexto de cuestionamientos por parte del Ejecutivo sobre las políticas de seguridad.
La cobertura periodística en torno a su gestión refleja una percepción generalizada sobre el potencial de Espinoza para reformar y fortalecer la estructura del Ministerio Público. Medios nacionales siguieron de cerca su ascenso desde fiscal suprema hasta alcanzar la máxima posición en la fiscalía, destacando retos como posibles modificaciones que el Congreso podría proponer en las labores de jueces y fiscales.
El mandato de Espinoza se extiende hasta 2027, con la posibilidad de ser reelegida por dos años adicionales, lo que supone una prolongada administración durante la cual el fiscal de la Nación planea dejar un legado de cambio y modernización.