El Poder Judicial ratificó este viernes la prisión preventiva de 18 meses contra Andrés Hurtado, conocido artísticamente como ‘Chibolín’. El expresentador de televisión está siendo investigado por presunto tráfico de influencias y lavado de activos.
Como se recuerda, la defensa legal de Hurtado presentó un recurso de apelación para revocar la medida establecida. Finalmente, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratificó la decisión del juez supremo Juan Carlos Checkley del pasado 2 de octubre.
La audiencia estuvo a cargo de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, presidida por el juez supremo titular César San Martín Castro. Durante la sesión, el abogado de Hurtado, Elio Riera, argumentó que el pedido del Ministerio Público carece de fundamento para mantener a su defendido en prisión. En esa línea, enfatizó que el investigado Iván Siucho realizó un viaje al exterior “habiendo admitido su confesión sincera”.
Se evalúa colaboración eficaz
Ante ello, el abogado del excómico señaló para Infobae Perú que presentarán un habeas corpus al Tribunal Constitucional (TC). “No tengo la resolución, pero me he enterado por medios de la decisión. Nos vamos a sentar con el señor Andrés Hurtado para evaluar si se acoge a la colaboración eficaz u otros beneficios, pero esa es una decisión que le compete a él”, añadió en exclusiva para este medio.
Hurtado Grados, quien fue trasladado el miércoles 2 por la tarde al penal de Ancón II, cumplirá su prisión preventiva en el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho, de acuerdo con la información proporcionada por el INPE.
El juez supremo César San Martín también ratificó la medida emitida por el juez Checkley, estableciendo que Javier Miu Lei, también implicado en esta investigación, deberá pagar un millón de soles.
En cuanto a la apelación presentada por la Fiscalía Suprema para solicitar prisión preventiva contra Elizabeth Peralta, se informó que hubo una “discordia” entre los magistrados del Tribunal Supremo. Por ello, en los próximos días se convocará a otro juez supremo para que evalúe este recurso.
El presunto lucro de las visas humanitarias
En el programa Beto a Saber, el periodista Beto Ortiz presentó una nueva investigación que revela lo que podría constituir una red de corrupción vinculada al otorgamiento de visas humanitarias para ciudadanos venezolanos en situación de riesgo.
Según Beto Ortiz, entre los principales involucrados en esta presunta red de corrupción se encuentran el presentador de televisión Andrés Hurtado y la exsuperintendente de Migraciones Roxana del Águila.
El reportaje detalla cómo, bajo el pretexto de brindar ayuda humanitaria, ambos habrían obtenido beneficios económicos aprovechando las necesidades y esperanzas de familias venezolanas afectadas y separadas por la crisis política y social en su país.
La controvertida investigación mostró una serie de declaraciones y pruebas documentales que ponen en duda las verdaderas intenciones detrás de las actividades humanitarias promovidas por Hurtado y sus colaboradores.
En uno de los extractos difundidos, Hurtado aseguró haber contratado un avión privado para “rescatar a 252 niños de Venezuela” y traerlos a Perú, en un aparente gesto de buena voluntad y ayuda a los más necesitados. “Toco la puerta y mendigo para poder ayudar”, afirmó el presentador en una entrevista que dio para CNN en español.
El reportaje de Beto Ortiz pone en duda las afirmaciones de Hurtado, sugiriendo que su gesto podría ser una estrategia de relaciones públicas para encubrir una red de tráfico de visas humanitarias. El abogado penalista Andy Carrión destacó las irregularidades en el proceso, aclarando que el otorgamiento de visas debe ser gestionado exclusivamente por funcionarios de Migraciones, no por individuos ajenos a la entidad.
Carrión aclaró que no está permitido que un particular realice trámites de visas humanitarias para traer extranjeros a Perú, como en el caso de los niños venezolanos. Explicó que esta función es exclusiva de los funcionarios de la Superintendencia Nacional de Migraciones, y que cualquier intento de un particular de intervenir en este proceso podría ser considerado usurpación de funciones, lo cual constituye un delito penal.