En contra. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, anunció que el Ministerio Público presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que otorga facultades investigativas a la Policía Nacional del Perú. La norma fue aprobada por el Congreso y no fue observada por el gobierno de Dina Boluarte, a pesar de que varios expertos se pronunciaron en contra.
Delia Espinoza recordó que, desde que el Parlamento discutía la aprobación de esta ley, los fiscales se habían manifestado en contra, ya que consideraban que atenta contra las funciones constitucionales del Ministerio Público al reducir sus competencias.
Por ello, no sorprende que se prepare una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32130, tal como lo anunció la nueva fiscal de la Nación en una conferencia de prensa tras su juramentación.
“El Ministerio Público, luego de un análisis respectivo, tiene la facultad de observar o de discrepar con las leyes que se vienen dando. No es una discrepancia antojadiza o política. Si existe alguna discrepancia es desde el punto de vista técnico y jurídico. Como es de conocimiento público, ya se han emitido comunicados para anticiparnos a la aprobación de la Ley 32130″, mencionó.
La titular del Ministerio Público recordó que, según lo establecido por la Constitución, es el fiscal quien se encarga de dirigir las investigaciones.
“El artículo 159, numeral 4, de la Constitución Política del Perú señala que quien conduce la investigación es el Ministerio Público, el fiscal del caso. Ya hay una ley aprobada, nadie se puede negar a cumplirla. También, se está preparando una demanda de inconstitucionalidad. Debemos siempre ser realistas y respetuosos de que cada institución tiene sus funciones. No es un tema de enfrentamiento”, explicó.
Controversia
Cuando Juan Carlos Villena estaba en el cargo como fiscal de la Nación interino, la institución ya había manifestado su oposición a esta norma, argumentando que restringe las funciones del Ministerio Público. Asimismo, señaló que la Policía Nacional del Perú (PNP) carece de la capacidad para liderar investigaciones, lo cual, a largo plazo, podría generar efectos negativos en los procesos judiciales.
Sin embargo, pese a una postura conocida, la nueva fiscal de la Nación no tiene una tarea fácil, pues se enfrenta a una gran mayoría en el Congreso, que además fue impulsor de esta norma y ya dejó en claro que no va a retroceder.
Hace dos semanas, José Cueto, Fernando Rospigliosi y Alfredo Azurín, presentaron una denuncia constitucional contra los cuatro integrantes de la junta de fiscales supremos, Delia Espinoza, Pablo Sánchez, Juan Carlos Villena y Zoraida Ávalos.
El argumento de los parlamentarios es que los fiscales cometieron abuso de autoridad y prevaricato al emitir un reglamento contrario a la norma que devuelve las facultades de investigación a la Policía Nacional del Perú (PNP).
El 14 de octubre, tras la oficialización de la norma que devuelve la dirección de las investigaciones preliminares a la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público emitió un comunicado en el que anunciaba la publicación de un reglamento destinado a uniformizar y optimizar la actuación fiscal en la investigación de delitos, en coordinación con la PNP.
El Ministerio Público anunció que esta era una medida temporal, en lo que el Tribunal Constitucional resolvía si esta ley atenta o no contra la Constitución.
Sin garantías
Especialistas alertaron que la norma sería perjudicial para futuras investigaciones, el exfiscal supremo, Martín Salas, advirtió que a la larga puede generar juicios inválidos por falta de garantías.
“Si ellos (la policía) conducen las diligencias preliminares, se corre el riesgo de que se materialicen acciones de investigación sin la presencia fiscal. Claro que eso (las investigaciones) no se va a poder ser usado en un juicio porque no tienen las garantías suficientes que son la presencia del defensor de la legalidad, que es el Ministerio Público”, declaró en una entrevista a RPP.
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