Alejandro Toledo: PJ dispone inicio de juicio oral por supuestos sobornos en el Tramo 4 de la carretera Interoceánica

El exmandatario Alejandro Toledo enfrentará el inicio de un nuevo juicio oral mañana, viernes 8 de noviembre, por la acusación de colusión y otros delitos en el marco del caso del Tramo 4 de la carretera Interoceánica. Este caso, que involucra supuestos sobornos y acuerdos ilícitos con empresas brasileñas, marca un paso más en el extenso proceso judicial que Toledo ha enfrentado desde su extradición a Perú.

El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, fue quien ordenó la apertura de este juicio oral. Según su fallo, hay pruebas suficientes para juzgar a Toledo y a otros implicados, entre ellos Marcos de Moura Wanderley y representantes de varias empresas. El caso se centra en acusaciones de colusión y otros delitos relacionados con la adjudicación del Tramo 4 de la carretera Interoceánica, una de las obras más ambiciosas y controvertidas del Perú, debido a su vínculo con escándalos de corrupción.

Las investigaciones señalan que el expresidente Alejandro Toledo habría negociado sobornos con la constructora brasileña Camargo y Correa para facilitar la concesión del Tramo 4 de la carretera Interoceánica Sur. Según la Fiscalía, el exjefe de Estado habría recibido seis millones de dólares por su intervención en la adjudicación de este tramo, que forma parte de un proyecto destinado a conectar Perú y Brasil a través de la Amazonía. Este monto sería parte de un esquema de sobornos más amplio que involucra a empresas brasileñas en diversas fases de la misma carretera.

El caso del Tramo 4 es solo uno de los múltiples que afectan el proyecto de la Interoceánica, clave para el desarrollo de Perú y Brasil. Los sobornos sospechosos han comprometido a varios empresarios y figuras políticas peruanas, generando un escándalo de corrupción y poniendo en duda la transparencia en los contratos de obra pública.

Mañana, viernes 8 de noviembre, durante la audiencia que iniciará el juicio oral, se tratarán también aspectos clave para determinar las reparaciones económicas que se exigirán a Toledo y otros acusados.

Por otro lado, el juez Concepción Carhuancho revisará las observaciones presentadas por las defensas de las empresas implicadas, como parte del esfuerzo por esclarecer las responsabilidades económicas y las afectaciones al Estado.

Cabe recordar que este proceso judicial se suma a la sentencia de 20 años y seis meses de prisión que Toledo ya enfrenta por delitos de colusión agravada y lavado de activos en relación con los tramos 2 y 3 de la Interoceánica, donde se le acusa de haber recibido un soborno de 35 millones de dólares de la empresa Odebrecht.

En aquel caso, el Segundo Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada determinó que Toledo actuó en beneficio de la constructora brasileña, a cambio de asegurarle contratos en dichos tramos de la carretera.

La Fiscalía sostiene que los actos de Toledo fueron premeditados y en complicidad con otros funcionarios y empresarios. Estos sobornos habrían sido parte de un esquema más amplio de corrupción que se extendió a lo largo de varios proyectos de infraestructura en Perú y que se evidenció en los escándalos asociados a Odebrecht en América Latina.

Además de los casos ligados a la Interoceánica, Toledo enfrenta cargos adicionales en el Caso Ecoteva, que se centra en el supuesto lavado de activos a través de la compra de propiedades en Perú. Recientemente, la Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima notificó a Toledo sobre la ampliación de su extradición desde Estados Unidos para ser juzgado también por estos cargos. En esta audiencia, el exmandatario se excusó de participar alegando que fue notificado en el mismo día, y su abogado, Roberto Su, presentó su renuncia al caso, lo que obligó al tribunal a reprogramar la audiencia.

El Caso Ecoteva destaca otro ángulo en las investigaciones de corrupción que involucran al expresidente. Según la Fiscalía, estos fondos ilícitos fueron usados para adquirir bienes inmuebles, lo que vincularía a Toledo con una serie de transacciones sospechosas.