Un acuerdo internacional para la trazabilidad y comercialización de minerales

Los últimos días la prensa internacional ha estado concentrada en informar sobre fenómenos naturales cada vez más recurrentes y devastadores como el huracán Milton que azotó el estado de Florida en Estados Unidos y dejó a más de 2.5 millones de hogares sin energía eléctrica y varias zonas inundadas; o lo ocurrido en Valencia, España, impactada por un fenómeno meteorológico conocido como Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que ha cobrado la vida de más de 200 personas. Perú también ha sufrido los embates de la crisis climática. En los últimos meses, la intensidad de los incendios forestales y sequías en la Amazonía peruana han llegado a niveles históricos, registrándose más de 360 incendios, 20 fallecidos y más de 150 heridos y miles de hectáreas de áreas naturales afectadas.

Todo ello nos recuerda —de manera cruel— que estamos ante una situación urgente, en la que se deben tomar medidas para enfrentar la crisis climática. Una de ellas, es sin duda la transición a tecnologías limpias y energías renovables.

Dicha transición, que muchos países ya han iniciado, implica desplegar grandes estructuras, como turbinas eólicas, paneles solares, carros eléctricos o baterías que son fabricadas con minerales como el cobre, litio, níquel o cobalto, entre otros, que suelen encontrarse en ecosistemas clave, poseedores de fuentes de agua dulce y ricos en biodiversidad.

Entonces, ¿cómo transitamos un camino hacia energías más limpias sin que ello implique daños en la biodiversidad o que impacte negativamente a las poblaciones locales? Este fue un tema clave debatido durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP-16), en donde el Gobierno colombiano lanzó la propuesta de un Acuerdo Global para la Trazabilidad y Comercialización de la cadena de suministro de minerales.

Este Acuerdo plantea la necesidad de desarrollar acciones y compromisos globales para establecer sistemas de trazabilidad y transparencia que aborden algunas de las causas de la pérdida de biodiversidad y contaminación relacionadas con la extracción y comercialización de estos minerales.

Estas acciones son necesarias a nivel global para asegurar que los minerales estratégicos para la transición energética provienen de fuentes responsables; es decir, que las actividades mineras no se realizan en zonas críticas de alta biodiversidad o ecosistemas sensibles, que no generan contaminación, y que la comercialización se produce dentro de marcos legales, evitando la implicación de grupos criminales que amenazan las democracias de los países extractores de minerales.

El anuncio se dio en un encuentro en el que participaron Susana Muhamad González, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia; Mauricio Cabrera Leal, viceministro de Políticas Ambientales y Estandarización del Ministerio del Ambiente de Colombia, Marina Silva, ministra de Ambiente y Cambio Climático de Brasil; Suneeta Kaimal, presidenta y CEO del Natural Resource Governance Institute (NRGI); y Astrid Puentes Riaño, relatora especial sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible.

Desde NRGI, Suneeta Kaimal enfatizó que este Acuerdo Global contribuye a promover procesos mineros transparentes, justos y limpios, y recomendó que se establezcan zonas donde bajo ningún motivo sean permitidas estas prácticas dada la fragilidad de ciertos ecosistemas.

Este Acuerdo Global aborda, además, otro tema clave para Perú: la trazabilidad y rendición de cuentas en la cadena de extracción de minerales, incluyendo el oro. De esta manera, se estaría fortaleciendo internacionalmente las distintas estrategias para enfrentar la minería ilegal de oro y sus delitos conexos, como la trata de personas y el crimen organizado. Como señalan Juliana Peña y Juan Luis Dammert, también de NRGI, en Perú, diversos informes dan cuenta de la presencia de grupos armados ilegales que controlan la minería ilegal en diferentes regiones del país, generando un clima de inseguridad y miedo entre las comunidades locales. En Loreto, en zonas como Nanay la minería de oro ha crecido incluso en áreas a las que el Estado peruano ya no puede llegar y ejercer control sobre el territorio. Situaciones similares se producen en Colombia. En ambos países se trata de un negocio millonario. En el caso de Perú, esta actividad ilícita, que supera incluso al narcotráfico en términos de ingresos, “ocasiona pérdidas al país por más de 22 700 millones de soles anuales” (aproximadamente USD 6 mil millones) de acuerdo con un informe de V&C Analistas.

La minería ilegal no opera en un vacío, sino que está intrínsecamente vinculada a redes criminales que se benefician de la impunidad, la corrupción y la infiltración en el Estado.

Existen discrepancias entre las cantidades reportadas de producción y exportación de oro en estos países. En los últimos años, India y los Emiratos Árabes Unidos han aumentado sus importaciones de oro desde Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Brasil, sumándose a otros destinos principales como Suiza, Estados Unidos y Canadá. Según una investigación de Ojo Público, existen muchas deficiencias en las políticas de debida diligencia declaradas por las empresas que compran oro de los países amazónicos.

El gobierno colombiano espera que diferentes países se adhieran a esta iniciativa que iniciará con la conformación de un grupo de trabajo. El Acuerdo Global de trazabilidad de minerales, que se alinea con las recomendaciones del Panel de la Secretaría General de las Naciones Unidas sobre minerales críticos para la transición energética. El secretario general, António Guterres, aseveró que estas rutas de energía limpia también podrían representar una fuente de desarrollo para los países más empobrecidos, porque, además de mitigar los daños ambientales, pueden generar empleo y diversidad en sus economías. “La revolución de las energías renovables está en marcha, pero debemos guiarla hacia la justicia”, dijo.

Esta es una gran oportunidad para fortalecer la aplicación de estándares sociales, ambientales y de rendición de cuentas en la minería. Implementar mecanismos de trazabilidad y debida diligencia son fundamentales para evitar que la comercialización de minerales venga de procesos de extracción que involucran destrucción ambiental, trabajo infantil, crimen organizado y otros flagelos que no son aceptables para ninguna cadena de valor.

Esperamos que el gobierno peruano entienda la relevancia de esta iniciativa y se sume como actor clave y responsable con el desarrollo sostenible de nuestro país.