“No hay licencia social”: pobladores del Valle de Tambo preparan paro indefinido en rechazo a proyecto minero Tía María

Este jueves, representantes del Valle de Tambo, en la región Arequipa, se presentaron en el Congreso de la República para expresar su rechazo al proyecto minero Tía María, impulsado por la multinacional Southern Copper Corporation. Los pobladores de la zona advirtieron sobre los posibles impactos ambientales negativos, particularmente en la agricultura local, que podría verse gravemente afectada por la minería.

Miguel Meza, vocero de las comunidades del Valle de Tambo, señaló que la oposición al proyecto se basa principalmente en la falta de “licencia social” y en la ausencia de un estudio de impacto ambiental (EIA) vigente. En este sentido, destacó que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) está presionando para iniciar la construcción de los tajos Tía María y La Tapada en 2025, a pesar de la falta de consenso en la región.

En ese contexto, Meza anunció que los líderes del Valle de Tambo convocarán una asamblea popular para decidir sobre un posible paro indefinido como respuesta a la presión del Gobierno. “En todo caso, el 17 de noviembre haríamos una asamblea popular para definir un paro preventivo, y luego un paro indefinido y no queremos más derramamiento de sangre”, señaló.

La medida de fuerza sería adoptada por los agricultores y pobladores en defensa de sus tierras, ante el temor de que la actividad minera afecte gravemente los recursos esenciales para el cultivo de productos de primera necesidad como papa, arroz y camote.

Por su parte, Roger Chirapo, dirigente del Valle de Tambo, señaló que tanto el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) han confirmado que el proyecto no cuenta con los permisos ambientales necesarios desde 2019.

Desde la Red Muqui, colectivo de organizaciones de la sociedad civil, Jaime Borda expresó su preocupación por la aparente contradicción de las autoridades, que reconoce la crisis climática y la escasez de agua, pero sigue promoviendo proyectos mineros como Tía María. Por su parte, David Velazco, abogado de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), manifestó que acompañarán legalmente a los agricultores en su lucha contra lo que consideran un “acto arbitrario” por parte del Estado peruano.

El conflicto en torno al proyecto Tía María no es nuevo. En agosto de este año, los agricultores del Valle de Tambo, junto con algunos congresistas, instaron a la presidenta Dina Boluarte a cancelar el proyecto, argumentando que este no cuenta con licencia social. En ese momento, se presentó un compromiso firmado por la mandataria en 2021, en el que se acordó desestimar el proyecto debido al impacto negativo que podría tener sobre la agricultura y el medio ambiente.

En esa ocasión, los dirigentes sociales desmintieron las declaraciones del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, quien había afirmado que la población estaba a favor del proyecto.

El conflicto también ha estado marcado por las decisiones tomadas por Southern Perú. En julio pasado, el presidente ejecutivo de la minera, Oscar González Rocha, informó que se reiniciarían las actividades del proyecto Tía María, el cual había sido paralizado en 2019 debido al rechazo de las comunidades locales, que protagonizaron protestas, bloqueos de carreteras y otras movilizaciones.

El proyecto Tía María se encuentra ubicado en la provincia de Islay, en la región sureña de Arequipa, y tiene como objetivo explotar los yacimientos de cobre de La Tapada y Tía María, en la cuenca media del desierto La Joya y la margen derecha del río Tambo. Según el Instituto Peruano de Economía, el proyecto podría producir 120 mil toneladas de cobre anuales, generar alrededor de 9 mil empleos directos e indirectos, y aportar más de 5,460 millones de soles al Estado por concepto de canon minero y regalías durante los próximos 20 años.

Sin embargo, ha enfrentado una fuerte oposición por parte de los pobladores debido a diversas preocupaciones ambientales. Uno de los principales cuestionamientos es el uso de aguas subterráneas, ya que aunque la empresa asegura que utilizará agua desalinizada, los habitantes del Valle de Tambo siguen mostrando desconfianza. Además, temen que las actividades mineras afecten la agricultura y la salud local, debido a la posible contaminación generada por las voladuras, las máquinas chancadoras y los relaves.

El proyecto fue paralizado en 2019 por el rechazo generalizado de las comunidades locales, que temen que la mina contamine el Valle de Tambo, una región agrícola de gran importancia.