Continúan las protestas ad portas de APEC 2024. Ex trabajadores de Doe Run Perú se congregaron el miércoles 6 de noviembre frente a la sede del Ministerio de Energía y Minas (Minem) en Lima. Su objetivo era exigir al ministro Rómulo Mucho la liberación de un fideicomiso que les permitiría recibir pagos pendientes desde hace más de una década.
Este fondo, que asciende a aproximadamente US$20 millones, está depositado en una cuenta bancaria de Scotiabank y ha sido objeto de trabas administrativas por parte de funcionarios del Minem, lo que impide su disposición al liquidador designado por el Indecopi para Doe Run Perú S.R.L. en liquidación.
Desde principios de 2024, cerca de 3.500 acreedores laborales han instado al ministerio a actuar conforme al marco legal vigente. Según la Ley General del Sistema Concursal, el liquidador de Doe Run Perú debe proceder con el pago de las deudas laborales, un proceso que hasta ahora ha sido obstaculizado por indecisiones y procedimientos poco eficientes.
La situación se torna más urgente ante la proximidad del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en Lima. De no recibir respuesta a sus demandas, los ex trabajadores han anunciado que una comitiva más numerosa, proveniente de La Oroya, Huancayo y Huancavelica, se unirá a las protestas el jueves 7 de noviembre.
¿Qué piden los extrabajadores de Doe Run?
Los demandantes del Estado peruano son habitantes de La Oroya que se han visto perjudicados por la exposición a altos niveles de plomo, cadmio, dióxido de azufre y otras sustancias tóxicas emitidas por el complejo metalúrgico.
El conflicto se centra en la disposición de un fideicomiso que fue creado con fondos de la empresa y que, según los manifestantes, debería ser utilizado para saldar las deudas laborales.
Sin embargo, la falta de acción por parte del Minem ha generado frustración entre los exempleados, quienes ven en la liberación de estos fondos un paliativo a sus problemas económicos.
La protesta de los ex trabajadores de Doe Run Perú pone de relieve las dificultades que enfrentan miles de personas afectadas por la liquidación de la empresa, quienes buscan justicia y el cumplimiento de sus derechos laborales tras años de espera.
¿Qué es el caso Doe Run?
En 2007, las hermanas Kate Reid y Megan Heeney presentaron demandas en un tribunal de Missouri contra Doe Run, actuando en nombre de niños peruanos afectados por emisiones de plomo. Acusaron a Doe Run Perú de no cumplir con las reducciones de emisiones estipuladas en el Plan de Gestión para la Remediación Medioambiental, lo que resultó en niveles peligrosos de plomo en el aire, según el documento legal.
El complejo siderúrgico de La Oroya, ubicado en los Andes peruanos, comenzó sus operaciones en 1922 bajo la propiedad de Cerro de Pasco Corporation. Este complejo se dedicaba a la transformación de minerales en metales como cobre, plomo y zinc. Es parte de la historia de por qué en el Perú la minería no es bien recibida en muchas regiones.
En 1974, el gobierno peruano nacionalizó el complejo, transfiriendo su gestión a la empresa estatal Centromin Perú S.A.. Dos décadas después, Doe Run se interesó en adquirirlo, pero debido a las leyes peruanas que requerían que solo una empresa local pudiera comprarlo, se estableció Doe Run Perú.
El caso legal en Missouri se centra en la alegación de que Doe Run Perú estaba bajo el control de su matriz estadounidense, Doe Run, lo que implicaría que las decisiones tomadas en Estados Unidos contribuyeron al envenenamiento por plomo de los demandantes.
Este argumento se basa en la teoría de que las operaciones en Perú estaban dirigidas desde el extranjero, lo que habría causado daños cognitivos irreversibles a los niños afectados.
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