Detienen a Policía por presunta extorsión a un menor de edad en Huaura

Un escándalo se produjo al interior de la comisaría de Huaura luego de que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios realizara diligencias en contra de uno de los policías que trabajaba en esta dependencia por los delitos de concusión y cohecho pasivo propio.

La intervención, dirigida por el despacho del fiscal Cristhian Manrique, se produjo en el marco de investigaciones realizadas contra el suboficial de la PNP Jefferson Manuel Piscoya Facho, quien habría sido acusado de solicitar una coima de 300 soles a un menor de edad para no llevarlo a la comisaría luego de haberlo intervenido en las calles de Huaura.

El incidente se produjo cuando el menor fue detenido mientras conducía un vehículo menor. El agente le pidió la documentación correspondiente y, al percatarse de que el conductor era menor de edad, habría exigido el pago para dejarlo en libertad. La denuncia fue corroborada por capturas de pantalla del pago realizado, las cuales forman parte de la investigación en curso.

El fiscal Cristian Manrique Mendoza, encargado del caso, también solicitó que se levante el secreto de las comunicaciones del agente PNP para corroborar las llamadas realizadas desde su celular con el menor. Mientras tanto, Piscoya Facho permanecerá detenido por un periodo de al menos 72 horas mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

A pesar de la gravedad del caso, ni el jefe de la División Policial de Huacho ni el de la Región Policial Lima Norte han emitido declaraciones al respecto.

Quien sí se pronunció sobre el caso es el abogado defensor del agente PNP, José Carreño, quien indicó que su patrocinado niega las acusaciones en su contra. “Recién se ha aperturado la investigación (...) el denunciante puede decir muchas cosas. (...) El agraviado dice que se registra el pago en su celular, pero mi patrocinado no conoce a esa persona”.

Durante la reunión del Consejo de Estado convocada para este martes, se busca permitir que los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas utilicen la fuerza en el cumplimiento de sus funciones, y que sean juzgados exclusivamente en el fuero militar-policial. Esta iniciativa fue anunciada por la presidenta Dina Boluarte al finalizar el encuentro entre los representantes de los poderes y entidades del Estado.

El abogado Carlos Rivera Paz, del Instituto de Defensa Legal (IDL), ha señalado que esta medida es inconstitucional, argumentando que delitos como el homicidio y las lesiones deben ser juzgados por el Poder Judicial y no por un fuero militar. Rivera Paz sostiene que estos no son delitos de función militar o policial, lo que ha intensificado las preocupaciones sobre la imparcialidad del proceso judicial.

El Consejo de Estado, que contó con la participación del presidente del Poder Judicial y el fiscal de la Nación, acordó que este paquete de medidas será presentado al Congreso para su debate y eventual aprobación.

El objetivo declarado es establecer un marco legal que regule la actuación de militares y policías durante protestas y estados de emergencia, permitiendo que respondan exclusivamente ante el fuero militar en situaciones donde se haya hecho uso de la fuerza.

El abogado penalista Lamas Puccio advirtió sobre los riesgos de que policías y militares sean juzgados en el fuero policial, ya que esto podría comprometer la imparcialidad del proceso. Según Puccio, el hecho de que los policías sean juzgados por otros policías podría ser contraproducente y generar una percepción de falta de justicia.