Diversas reacciones ha generado la decisión del Poder Judicial de ordenar al Ministerio Público que concluya la investigación contra la presidenta Dina Boluarte por presunto abuso de autoridad tras la desactivación del equipo especial de la Policía Nacional del Perú que apoyaba al Equipo de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).
Cuando iniciaron las diligencias preliminares sobre esta investigación, el Ejecutivo rápidamente salió a hacer sus descargos por los procesos judiciales contra la mandataria y su entorno. Asimismo, hubo ciertos movimientos llamativos, como el hecho que la resolución que desactivó el equipo especial fue emitida un día antes de que se ordenara la detención preliminar contra Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria, y Mateo Castañeda, su ex abogado.
Otro hecho que llamó la atención fue cuando, en uno de los audios difundidos por el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlaqué, supuestamente Juan José Santiváñez, quien había sido nombrado ministro del Interior, le habla sobre una estrategia orquestada desde Palacio de Gobierno para debilitar a la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac).
Todas estas acciones debían ser aclaradas en las instancias correspondientes, es decir, el Ministerio Público. Sin embargo, según lo que explicó el abogado de la presidenta, Juan Carlos Portugal, fue por una negligencia de los fiscales que este caso podría archivarse.
El letrado señaló que la responsabilidad es de los fiscales supremos, Juan Carlos Villena y Pablo Sánchez, quienes se ‘pelotearon el caso’ hasta que venció el plazo.
“El juez Checkley ha castigado la negligencia del Ministerio Público. Este cierre de la investigación es responsabilidad de dos fiscales, que se empelotaron, permítame esa expresión deportiva, se jugaron un ping pong , se pasaron la pelota de cancha a cancha. Generaron un lío institucional y decidieron no investigar, cuando son los responsables en hacerlo. Entonces, cuando decidieron investigar, el plazo había vencido, lo ampliaron 15 días después. Inmediatamente, activamos el control de plazo y efectivamente el juez Checkley ya ha determinado que la negligencia, los líos institucionales o las responsabilidades internas en la estructura fiscal no pueden ser responsabilidad de la investigada”, señaló Portugal a RPP.
Archivo o denuncia
A partir de esta disposición judicial, el Ministerio Público tiene dos opciones: puede presentar una acusación constitucional en contra de la presidenta o puede archivar la investigación. Portugal explicó que lo coherente sería que se archive la investigación, puesto que no hay pruebas suficientes para presentar un caso.
“Lo que el Ministerio Público tiene que hacer es o archivar el caso, que corresponde en nuestra perspectiva, o denunciar constitucionalmente al Congreso de la República. Por qué consideramos que es el primer escenario, porque si el propio Ministerio Público está solicitando 8 meses de investigación, es porque el caso no está cerrado. El caso no está maduro probatoriamente, no está construido sobre sus premisas fácticas y probatorias. Luego, por consecuencia, si necesito un plazo que ya no lo tengo, con lo que tengo, tengo que pronunciarme, y lo que tengo no es absolutamente nada. Por tanto, debería, por coherencia, el Ministerio Público archivar el caso”, agregó.
Portugal lamentó que el Ministerio Público haya llegado a esta situación, pues la presidenta también estaba interesada en aclarar estas denuncias y prueba de ello es que acudió a rendir su manifestación y en ningún momento se acogió a su derecho a guardar silencio.
También explicó que, la denuncia de abuso de autoridad y encubrimiento no es sólida, pues cuando el exministro del Interior, Walter Ortiz, fue a declarar, confirmó que la desactivación del equipo especial PNP que apoyaba al Eficcop se hizo con base a informes legales. “El delito de encubrimiento personal está en la imaginación del fiscal y el abuso autoridad está probatoriamente no resuelto”, señaló.
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