Dina Boluarte anunció tras una reunión del Consejo de Estado la propuesta de un nuevo marco legal que permitiría a los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas “utilizar la fuerza en el cumplimiento de sus funciones”. Este marco legal también estipula que el fuero militar-policial será el único ámbito en el que estos miembros puedan ser juzgados, según lo discutido en el consejo, donde estuvieron presentes el presidente del Poder Judicial y el fiscal de la Nación.
La medida ha generado controversia, la opinión pública lo señala como una medida de impunidad para los miembros de la Policía y Fuerzas Armadas. El abogado Carlos Rivera Paz, del Instituto de Defensa Legal (IDL), afirmó que juzgar delitos comunes en el fuero militar-policial es inconstitucional. Rivera Paz argumentó que delitos como el homicidio y las lesiones deben ser juzgados por el Poder Judicial, ya que no son delitos de función militar o policial.
El Consejo de Estado acordó que este paquete de medidas será presentado al Congreso para su debate y aprobación. El objetivo es establecer un marco legal que regule la actuación de militares y policías durante protestas y estados de emergencia. En situaciones donde se haya hecho uso de la fuerza en el cumplimiento de sus deberes, los policías y militares responderían exclusivamente ante el fuero militar.
La propuesta ha suscitado preocupaciones sobre la posible impunidad de abusos. “Es contraproducente que policías y militares sean juzgados en el fuero policial”, advirtió el abogado penalista Lamas Puccio, en diálogo con Panorama. Puesto que puede comprometer la imparcialidad del proceso, ya que los policías serían juzgados por otros policías.
La medida desprotege a la población de excesos por parte de las fuerzas del orden. En las protestas sociales de 2022 y 2023, donde se registraron muertes de ciudadanos peruanos desarmados, se propuso que los militares y policías involucrados fueran juzgados en el fuero militar.
Propuestas del Congreso sobre el retorno del fuero militar policial
El proyecto de Ley 01373-2021, presentado por el congresista José Daniel Williams Zapata de Avanza País, ha generado controversia. Esta propuesta busca que durante los estados de emergencia, tanto policías como militares sean juzgados por el Fuero Militar Policial si cometen delitos en el ejercicio de sus funciones, lo que podría eximirlos de responsabilidad penal. Según el texto, esto significaría que las instituciones a las que pertenecen se encargarían de los procesos judiciales, en lugar de un tribunal independiente.
El proyecto de ley ha sido criticado por su potencial para institucionalizar la impunidad en casos de uso excesivo de la fuerza. Actualmente, el uso de la fuerza por parte de militares y policías está regulado por los decretos legislativos N.° 1095 y N.° 1186. Sin embargo, la propuesta de Avanza País podría permitir que cualquier infracción a estas leyes sea manejada internamente por el Fuero Militar Policial, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la falta de imparcialidad.
El historial de impunidad en casos de violencia estatal en Perú es un tema sensible. Durante el conflicto armado interno, se registraron masacres como las de Socos, Putis y Accomarca, donde no se logró justicia completa para las víctimas. En el caso de Accomarca, el congresista Williams Zapata, entonces superior de la patrulla militar responsable, no fue inculpado, aunque sí lo fueron algunos de sus subordinados.
La propuesta de ley ha sido vista como parte de una serie de medidas que, según críticos, podrían alejar a la policía de la sociedad civil y fomentar el abuso de poder. Las protestas de noviembre de 2020 marcaron un punto de inflexión en la relación entre la ciudadanía y la policía, y la percepción de que se está dando carta blanca al uso de la fuerza podría dificultar la reconstrucción de la confianza en las instituciones de seguridad.