Extorsión en Lima Metropolitana alcanza cifras récord en 2024 pese a anuncios de Dina Boluarte

La extorsión en Lima Metropolitana ha alcanzado niveles alarmantes, con 6,238 denuncias registradas de enero a octubre de 2024, una cifra que multiplica por diez los casos registrados en el mismo período de 2019, cuando apenas hubo 635 denuncias. Este incremento masivo ha encendido las alarmas en todos los niveles de gobierno, impulsando a la presidenta Dina Boluarte a convocar una reunión del Consejo de Estado con el fin de coordinar acciones de emergencia contra la inseguridad ciudadana.

En diálogo con el noticiero 24 Horas, el analista de datos Juan Carbajal advirtió que la tendencia al alza en los casos de extorsión no muestra señales de detenerse. Según Carbajal, las cifras del mes de octubre alcanzaron un récord de 796 denuncias y es muy probable que en noviembre se supere ese número, dado que el promedio diario de denuncias en el año ronda las 20.

Para Carbajal, no se vislumbra un punto de quiebre que nos indique que ya se está atenuando esta situación. En esa línea, destacó que la crisis ha afectado a los 43 distritos de Lima Metropolitana sin distinción.

En el desglose de los distritos más afectados son: San Juan de Lurigancho el cual lidera la lista con 991 denuncias, seguido de Cercado de Lima con 644, Comas con 442, Villa El Salvador con 299 y Ate con 289. Estos son los lugares con mayor incidencia, lo que evidencia una expansión del fenómeno hacia zonas con gran densidad poblacional y actividad comercial.

Frente a esta situación, el Gobierno de Boluarte Zegarra ha lanzado la línea de atención 111, creada para que las víctimas puedan denunciar extorsiones de manera más directa. Sin embargo, al probar la línea, se constató que los tiempos de espera alcanzan hasta un minuto con 47 segundos sin respuesta, lo que ha generado cuestionamientos sobre su efectividad.

Durante la última sesión del Consejo de Estado, la mandataria peruana destacó que la medida de habilitar la línea 111 es solo uno de los esfuerzos en marcha. “Nunca estaremos con los brazos cruzados si es la población la que nos necesita”, afirmó la mandataria, en respuesta a las críticas sobre la falta de resultados palpables en la lucha contra el crimen.

La presidenta aseguró también que los estados de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao han sido efectivos en la desarticulación de bandas y la captura de personas con requisitoria, e hizo un llamado a intensificar los operativos bajo los programas Amanecer Seguro, Retorno Seguro y Génesis.

A su vez, la mandataria mencionó la creación del Grupo Operativo de Respuesta Inmediata a la Extorsión de la Policía Nacional, que se ha enfocado en enfrentar este delito, cada vez más sofisticado y extendido en las ciudades del país. “Cada día estamos dando pasos concretos frente al crimen de esta manera”, indicó.

Si bien el Gobierno defiende los resultados del estado de emergencia, los datos muestran que la violencia continúa escalando. La declaración de emergencia no ha logrado frenar los asesinatos y hechos de violencia en los distritos más afectados, como en Ate, donde se reportaron seis homicidios en un solo día.

Los ciudadanos y expertos en seguridad han cuestionado la falta de estrategias que ataquen el problema de raíz y piden acciones más contundentes. Como sugerencias adicionales, se ha planteado la implementación de juicios sumarios, penas más graves, centros de detención masivos y el uso de jueces sin rostro para agilizar los procesos judiciales y reducir la reincidencia delictiva.

La presidenta también realizó un sobrevuelo en helicóptero por Lima para monitorear los avances de las medidas implementadas, una acción que fue criticada como simbólica y poco efectiva. Aunque el ministro del Interior sostiene que las acciones están rindiendo frutos, la percepción general es que se requieren medidas mucho más efectivas y rápidas para enfrentar el auge de la criminalidad.

Entre los temas abordados en la última reunión de Estado se discutió la necesidad de reformar el marco legal para garantizar que los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas puedan hacer uso de sus armas de reglamento sin temor a represalias legales. Según Boluarte, el acuerdo establece que estos funcionarios serán juzgados únicamente por el fuero militar policial cuando hagan uso de la fuerza en cumplimiento de sus funciones, lo cual representa una mayor protección en su actuar diario.

Adicionalmente, se discutió la necesidad de regular la migración irregular en el país, señalando que ciertos grupos migratorios han incrementado su participación en actividades delictivas. La presidenta Boluarte subrayó la urgencia de “ampliar y fiscalizar los requisitos formales para el ingreso y permanencia de extranjeros en el territorio nacional”, buscando un mayor control en este ámbito.