La congresista María Agüero (Perú Libre) recortó el salario a 12 de sus trabajadores durante el periodo de junio de 2022 a mayo de 2023, y hay otros afectados aún “por identificar”, según una resolución judicial que ordenó el allanamiento de su vivienda y oficina este martes.
El Ministerio Público, que la investiga por concusión y enriquecimiento ilícito, señaló que los afectados reconocidos hasta el momento son: Richard Alberto Medina Villagómez, Caroline Hernández Rojas, Cetty Sinlien Mamani Fernández, Nathaly Evelyn Mejía Pascual, Karlos Aaron Held Llerena, Patricia Beatriz Lima Merma, Sergio Antonio Carrasco Mamani, Teresa Gabriela Apaza Huamani, Alberto Gabriel Lima, Stephany Berrios Chura, Hugo Félix Rosas Villanueva y Wendy Valencia.
Por este caso, el juez Juan Carlos Checkley, a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, ordenó el allanamiento de propiedades relacionadas con Agüero, entre ellas un departamento y oficinas parlamentarias. La investigación indica que dichos trabajadores habrían transferido parte de sus haberes a César De la Cruz y Edson Flores, sus exasesores.
Los fondos habrían beneficiado directamente a la parlamentaria. Siempre según la resolución, De la Cruz recibió S/ 27,837 a través de transferencias y S/ 64,250 en efectivo, mientras que Flores obtuvo S/ 44,180 de transferencias de otros trabajadores. En total, ambos operadores recibieron al menos S/ 72,017. El documento menciona además que De la Cruz transfirió S/ 29,000 a Agüero.
La Fiscalía también incautó bienes y levantó el secreto de comunicaciones como parte de la investigación. Flores fue detenido preliminarmente en Arequipa, De la Cruz estaría en Chile y la legisladora salió del país con eventual destino a Venezuela, de acuerdo con Canal N.
El caso fue destapado por Punto Final en agosto pasado, cuando una extrabajadora, cuya identidad se mantuvo en reserva, denunció que Agüero se apropiaba del dinero con el argumento de que “el partido tiene gastos y logística” por cubrir. La afectada contó al dominical que De la Cruz recogía los salarios y bonos para transferirlos a favor de Agüero, quien eventualmente imponía otros gastos a su personal, como cubrir arreglos de su auto.
El recepcionista de los fondos argumentó que esos depósitos eran “devoluciones” de préstamos, mientras que la congresista negó las acusaciones y aseguró que sus cuentas eran transparentes. El dominical también confirmó que De la Cruz realizó al menos diez transferencias a favor de Flores, excoordinador de Agüero en Arequipa, su región de representación.
En el trasvase del dinero desde Lima también se implicó a Joyce Mejía, una extrabajadora de la parlamentaria. En su caso, se identificaron dos envíos a favor de Flores, quien fue detenido durante el operativo de esta jornada: uno por S/1,890 y otro por S/2,430, ambos en enero de 2023. Estos depósitos se registraron apenas un día después de que Mejía recibió su salario.
El dominical determinó, finalmente, que algunas transferencias coincidieron con la llegada de la parlamentaria a la región sureña. Por ejemplo, el 19 de enero de 2023, Flores recibió S/3,400 mientras la congresista estaba en Arequipa por un viaje de representación. Además, el 18 de febrero, obtuvo S/5,000, solo dos días antes de que Agüero comenzara sus actividades.
Cuestionamientos
Pese a que considera que su sueldo es insuficiente, Agüero posee dos propiedades en Los Ángeles (Estados Unidos), las cuales fueron adquiridas hace dos décadas por un total de 585.000 dólares, según un informe publicado por Sudaca. Actualmente, su valor supera los dos millones de dólares.
En al menos tres ocasiones, la parlamentaria se ha mostrado en desacuerdo con el salario que percibe, pues “la vida en Lima es bien cara”. La última vez, cuando fue interrogada sobre el aumento de su remuneración a 11 mil soles, señaló que “los sueldos están por los suelos”, de modo que le pareció una medida oportuna.
También ha sido criticada por llevar polos en los plenos con la palabra “Justicia” y el rostro de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y prófugo desde octubre tras ser condenado a tres años y medio de prisión por colusión. El fugitivo calificó el operativo fiscal como un “amedrentamiento”, ya que “la investigación requiere solo medios electrónicos de pago o verificar las planillas del Congreso”.
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