Medida de Dina Boluarte podría perseguir a defensores del medio ambiente bajo el pretexto de “seguridad nacional”

A pocos días de la cumbre APEC, la presidenta Dina Boluarte dio a conocer un conjunto de medidas aprobadas en el Consejo de Estado para fortalecer la seguridad nacional y apoyar el trabajo de las fuerzas del orden. En el apartado de Crecimiento Económico, el Consejo, compuesto por los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ratificó “Rechazar las amenazas contra nuestro modelo económico y la industria extractiva, al constituir un peligro contra nuestra seguridad nacional”.

El anuncio ha generado preocupación entre los defensores ambientales, quienes en el Perú enfrentan una creciente vulnerabilidad sin una protección legal adecuada. En diálogo con Infobae Perú, Mirtha Vásquez, expresidenta del Consejo de Ministros, y José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental, expresaron su inquietud sobre el enfoque de las medidas y sus consecuencias para los derechos humanos y la libertad de expresión en el país.

La medida, anunciada durante la conferencia de prensa del Consejo de Estado, está unida al anuncio de la formulación de un marco legal que faculta a la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas para hacer uso de la fuerza durante el cumplimiento de sus funciones. Durante el oficio, la mandataria informó asimismo que los efectivos del orden solo podrían ser juzgados en el fuero militar-policial.

De Echave, exviceministro de Gestión Ambiental, advirtió a Infobae Perú sobre las graves consecuencias de esta política: “No hay que olvidarnos que en los últimos años había una lista muy significativa de personas que han fallecido en escenarios de conflictividad social, y que muchos de esos territorios están bajo estado de emergencia desde hace un buen tiempo. Yo creo que la verdad es que las dos cosas están atadas y forman parte de una tendencia donde claramente se están recortando los espacios democráticos en el país”.

Por su parte, Vásquez subrayó: “Este tipo de declaraciones expresan un estado que cada vez reduce más la situación de la democracia en el país. Reducen más la posibilidad de que los ciudadanos se puedan expresar, le da énfasis al tratamiento autoritario frente a cualquier situación, inclusive generando escenarios de impunidad para las fuerzas del orden si es que tienen que atacar”.

El informe más reciente de la organización Global Witness, titulado ‘Voces silenciadas’, arroja cifras alarmantes sobre la situación de los defensores ambientales en Perú. Entre 2012 y 2023, se registraron al menos 58 asesinatos de defensores ambientales en el país, una cifra que podría ser incluso menor a la real, dado que muchos de estos homicidios no se reportan adecuadamente, especialmente en las regiones rurales y en las zonas más alejadas del país. El vacío legal deja a los activistas sin un respaldo jurídico adecuado frente a amenazas, agresiones y, en muchos casos, asesinatos.

Vásquez y De Echave señalaron que esta medida podría incrementar la criminalización de las protestas y el reclamo social. La ex PCM mencionó “Con estas declaraciones lo que se ve es que el gobierno va a priorizar la actividad extractiva por sobre cualquier cosa, inclusive los derechos fundamentales de la gente”. Según Vásquez, la decisión de fortalecer la protección de las industrias extractivas no solo compromete el bienestar de las comunidades afectadas, sino que también intensifica la represión contra quienes se oponen a la explotación de los recursos naturales en sus territorios.

Asimismo, De Echave recalcó, “Plantear esto en el punto cuatro de los acuerdos del Consejo de Estado constituye una amenaza para la seguridad nacional. Creo que está claramente orientado a criminalizar una legítima preocupación de poblaciones que pueden estar sintiéndose afectadas en sus derechos”.

Ambos coincidieron en que estas medidas podrían abrir la puerta a una mayor represión y a la impunidad para las fuerzas del orden, un escenario que ya ha sido vivido por muchas comunidades en el pasado, donde la falta de justicia ha permitido que los responsables de agresiones y asesinatos contra defensores ambientales queden en libertad.