Absuelven a involucrados en red de Rodolfo Orellana por cambios que hizo el Congreso a la ley de crimen organizado

La Sala Permanente de la Corte Suprema de Justicia absolvió a presuntos integrantes de la red delictiva del abogado y empresario Rodolfo Orellana, debido a las leyes N.º 32108 y 32138, referentes a la descripción de organización criminal, impulsadas por el Congreso de la República. Los involucrados habían sido acusados de direccionar 27 títulos fraudulentos de propiedad, entre el 2009 y el 2014.

El juez supremo titular César San Martín advirtió que la reforma aprobada por el Poder Legislativo “tendrá múltiples consecuencias para todos los acusados por asociación ilícita”.

De esta manera, fueron absueltos Ludith Orellana Rengifo, quien fue señalada como la segunda al mando de la red, y los ex funcionarios de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) Álvaro Delgado Sheelje, Wilfredo Núñez Peña y Carlos Vargas Machuca.

También fueron afectados por esta medida los abogados Mike Torres Torres, Manuel Villacrez Arévalo, Niki Ramírez Salvador, Yanina Hurtado Marco, Rosalía Vargas Shaus y Rosa María Ledesma.

De acuerdo con La República, con esta decisión, las personas que estaban detenidas o con orden de captura quedarán en libertad. Precisan, además, que Rodolfo Orellana no estaba incluido en el caso, ya que él tiene otros juicios relacionados con los delitos de organización criminal, delitos de estafa, fraude procesal, falsedad genérica, cohecho.

La tesis fiscal sostiene que el empresario habría utilizado el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Sunarp, entre otras instituciones, para apropiarse de bienes del Estado y de ciudadanos. De esta manera, habrían utilizado sus conocimientos profesionales en derecho para estafar a personas naturales y a organizaciones para apropiarse de propiedades de forma ilícita.

La República precisa que Ludith Orellana Rengifo continuará detenida, aunque su condena fue disminuida de 10 a 7 años y 4 meses de cárcel, por lo que saldría de prisión el 5 de junio del 2026, o incluso antes con beneficios penitenciarios. En el caso de la hermana de Rodolfo, se probó su responsabilidad en dos hechos de cohecho activo genérico.

La sentencia fue confirmada el 7 de setiembre del 2021 por la Sala Penal Nacional de Apelaciones Especialziadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, luego de que la Fiscalía sustentara a la apelación presentada por los sentenciados.

El exjuez supremo César Hinostroza, quien se encuentra prófugo en Bélgica, también solicitó al Poder Judicial de Perú que archive la denuncia en su contra por organización criminal, amparándose en la Ley 32108. Esta norma, aprobada por el Congreso de la República, establecía que para considerar una organización como criminal, esta debe tener control sobre una economía o mercado ilegal.

El exjuez argumentó que su caso no se ajusta a lo estipulado en el Código Penal Peruano, presentando una “excepción de improcedencia de acción” para intentar archivar la imputación. Esta normativa fue objeto de controversia, ya que modificaba la definición del delito de organización criminal, exigiendo que esta tenga control sobre un mercado ilegal para obtener beneficios económicos.

El Ministerio del Interior ha ofrecido una recompensa de hasta 150 mil soles a quien proporcione información útil sobre el paradero de Hinostroza. Además de la acusación por organización criminal, el exjuez busca archivar otros delitos como tráfico de influencias y cohecho, utilizando diversos recursos legales.

Según el Ministerio Público, Hinostroza sería el líder de la organización criminal conocida como Los Cuellos Blancos del Puerto, cuyo objetivo habría sido colocar a sus miembros en posiciones clave dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, el Poder Judicial y la misma Fiscalía. Esta organización habría operado para influir en decisiones judiciales y administrativas en beneficio de sus integrantes.