Procuraduría exige que Martín Vizcarra pague más de S/4 millones de reparación civil por caso de corrupción en Moquegua

La Procuraduría Ad Hoc de los casos Odebrecht y Lava Jato ha solicitado al Poder Judicial que Martín Vizcarra, expresidente del Perú, pague más de S/4.6 millones como reparación civil por presuntas irregularidades durante su gestión en Moquegua.

Esta solicitud, que se presentó como parte del proceso judicial en curso, responde a acusaciones por colusión y cohecho relacionadas con el proyecto de irrigación Lomas de Ilo y la construcción del Hospital Regional de Moquegua, dos obras clave que Vizcarra habría gestionado presuntamente a cambio de sobornos.

Como se recuerda, ambos proyectos representaban importantes avances para la región, pero según la Procuraduría, también fueron oportunidades para actos ilícitos. El expresidente, como presidente regional de Moquegua entre 2011 y 2014, habría utilizado su cargo para negociar con empresas privadas interesadas en estos contratos.

Ante ello, el procurador Carlos Fernández expuso que el expresidente Martín Vizcarra “ofertó su función pública” y condicionó la firma de contratos a cambio de pagos millonarios, comprometiendo la ética y responsabilidad que debía al Estado peruano.

Fernández también explicó que uno de los elementos clave en la acusación es el testimonio de exejecutivos de la empresa Obrainsa. Según sus declaraciones, Vizcarra habría recibido un millón de soles en efectivo a cambio de información privilegiada para asegurar a la empresa en mención el contrato de Lomas de Ilo, un proyecto estratégico para el desarrollo agrícola de la zona.

Además, el procurador indicó que Vizcarra habría exigido S/1.3 millones a ICCGSA, otra empresa constructora, como condición para aprobar el contrato del Hospital Regional de Moquegua. En esta transacción, se señala a José Hernández, quien habría actuado como intermediario del presunto soborno, una figura relevante en la investigación que ayuda a cerrar el círculo de acusaciones de colusión y cohecho.

La Procuraduría detalla que la suma de S/4 671 971.30 corresponde a daños patrimoniales y extrapatrimoniales causados al Estado. En el caso del proyecto Lomas de Ilo, el monto solicitado asciende a S/2 071 971.30, y, de acuerdo con la Procuraduría, debe ser cubierto de forma solidaria por Martín Vizcarra y las empresas Obrainsa y Astaldi.

En cuanto al Hospital Regional de Moquegua, se exige una suma de S/2.6 millones, que Vizcarra también debería pagar de forma solidaria con ICCGSA e INCOT Contratistas Generales S.A., compañías designadas como terceros civilmente responsables.

El concepto de “reparación solidaria” implica que el pago no recaería exclusivamente sobre el exmandatario, sino también sobre las empresas que supuestamente participaron en los actos de corrupción. La Procuraduría busca así que el daño causado sea reparado en conjunto, responsabilizando a todos los involucrados en el presunto esquema ilícito que, según se alega, afectó la transparencia y los recursos públicos en dos proyectos fundamentales para Moquegua.

Erwin Siccha, abogado de Martín Vizcarra, ha respondido defendiendo la inocencia de su cliente y cuestionando la solidez de las pruebas presentadas. Para Siccha, las acusaciones carecen de fundamentos y se basan en gran medida en declaraciones de colaboradores eficaces, testimonios que, según argumenta, no han sido debidamente corroborados. La defensa sostiene que los cargos contra Vizcarra han sido inflados y que no existen pruebas contundentes que demuestren que el expresidente haya solicitado o recibido pagos ilegales.

Siccha destacó además que, a pesar de los cinco años de investigación, el proceso judicial continúa sin demostrar de manera concreta la participación de Vizcarra en los presuntos sobornos. Según el abogado, la falta de pruebas concluyentes y las posibles motivaciones políticas detrás del caso ponen en duda la objetividad del proceso.

El fiscal Germán Juárez Atoche, responsable de la acusación, ha solicitado una pena de 15 años de prisión para Martín Vizcarra y una inhabilitación de seis años para ejercer cargos públicos. Juárez Atoche sostiene que el expresidente incurrió en el delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado.