Obras viales en Arequipa bajo investigación: millonarios contratos se entregaron a empresa señalada por supuestas irregularidades

El Gobierno Regional de Arequipa, bajo la gestión de Rohel Sánchez Sánchez, se encuentra en el centro de una controversia tras la adjudicación de dos obras viales, valoradas en S/ 264 millones, a consorcios con vínculos a la empresa venezolana Inversiones Dimica C.A. Esta compañía acumula denuncias en distintas regiones del país por presuntas irregularidades en procesos de licitación, específicamente por el uso de documentos falsos. Según informó Exitosa, el representante legal de esta compañía, identificado como Miguel Ángel Jiménez Romero, negó en una entrevista tener vínculos con el negocio, aunque la información disponible sugiere que podría fungir como un testaferro de la misma.

Los proyectos adjudicados incluyen la vía Huambo-Majes, con un presupuesto de S/ 178 millones 213 mil, y la vía Jachaña-Caylloma, por un monto de S/ 86 millones 164 mil. Ambos contratos fueron asignados a los consorcios Escorpión y LTR, que cuentan con participación de Inversiones Dimica C.A. La entrega de la buena pro de estas obras se formalizó en septiembre, y en el caso de Huambo-Majes, el contrato se firmó el 22 de ese mes, mientras que el de Jachaña-Caylloma se rubricó el 17 del mismo mes.

La controversia en torno a Inversiones Dimica C.A. se agudizó tras un reportaje del programa Panorama, que investigó cómo esta empresa consiguió adjudicaciones de proyectos, entre ellos uno de saneamiento en Cerro de Pasco por más de S/ 450 millones. En esta investigación se descubrió que Jiménez Romero, el representante legal de la empresa, solo cuenta con experiencia como vendedor de helados y negó tener vínculos con la empresa, aunque luego surgieron indicios de que habría realizado viajes al extranjero relacionados con Dimica.

La gerente general del Gobierno Regional de Arequipa, Norma Mamani Colonia, reconoció en una entrevista con Exitosa que la entidad adjudicó las obras de manera regular, trabajando de buena fe y con base en declaraciones juradas presentadas por los consorcios. “Se envía una solicitud a la entidad o institución donde se realizó la actividad, para que nos confirmen si esos documentos —tanto de la empresa como de otros implicados— son auténticos. No podemos hacer esto antes, ya que ellos firman una declaración jurada asegurando que toda la información que presentan es verdadera. Nosotros trabajamos bajo los criterios y principios que indica la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que confiamos en la veracidad de la documentación que presentan, y esto aplica no solo a este proceso”, señaló.

César Huamantuma Alarcón, otro consejero regional, manifestó su descontento con el proceder del Gobierno Regional, señalando que este tipo de irregularidades impacta directamente en las comunidades más desfavorecidas y con mayores necesidades de infraestructura vial.

La colocación de la primera piedra, que estaba programada para el 4 de noviembre, fue cancelada debido a la controversia. Por su parte, el gerente de infraestructura del Gobierno Regional, Vicente Zeballos Zeballos, informó que solicitaron al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y otras instituciones la validación de los documentos presentados y que el contrato está en pausa hasta que se obtenga una respuesta.

El consejero Huamantuma Alarcón hizo un llamado a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público y a la Policía Anticorrupción para que intervengan en este caso y eviten que estas obras terminen paralizadas, como ya ha ocurrido con otras 110 en la región por conflictos sociales, falta de presupuesto y otras razones.

Inversiones Dimica C.A. ha ganado varias licitaciones en diversas regiones de Perú, acumulando contratos que superan los mil millones de soles. Entre estos proyectos se encuentran el hospital de Ferreñafe y el mejoramiento del colegio Andrés Avelino Cáceres en Satipo, Junín. En todos estos casos, existen indicios de que la empresa habría incurrido en delitos, lo cual añade una capa de preocupación sobre su participación en proyectos tan significativos.

Para el consejero Miguel Ángel Linares Riveros, la empresa Dimica sería una “empresa fantasma” que solo existiría en papel y habría cometido delitos en sus procesos de contratación. “Es decir, hay una serie de posibles delitos que podrían poner en tela de juicio la buena pro otorgada por el Consejo del Gobierno Regional. Nuestra posición es alertar y pedir que se verifiquen los documentos. Si no son verdaderos, no se debería continuar. Seguramente ya les habrán dado un adelanto del 10%, y la obra quedará paralizada”, señaló.