Este año, la criminalidad en Perú ha alcanzado niveles preocupantes. En octubre, Lima reportó al menos 30 muertes violentas, cifra que aumentó con tres casos adicionales al inicio de noviembre, a pesar de que 14 distritos de Lima y Callao están en estado de emergencia. Esta situación se agrava con los crímenes ocurridos en meses anteriores y en diversas regiones del país, generando un panorama aterrador.
El año 2017 registró 671 homicidios en Perú, marcando el inicio de un incremento en las cifras de criminalidad. En 2018, se reportaron 911 asesinatos, y en 2019, la cifra ascendió a 1.070. Aunque en 2020 se observó una ligera disminución, con 1.002 casos, este descenso resultó ser solo temporal. Desde 2021, las cifras de homicidios han vuelto a crecer de manera significativa, alcanzando 1.317 casos ese año. En 2022, se reportaron 1.516 homicidios, y el año 2023 finalizó con un total de 1.431 víctimas mortales, según el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud.
A tan solo dos meses de finalizar 2024, Perú ha superado esta cifra, alcanzando más de 1.700 homicidios y estableciendo un nuevo récord de violencia en el país. Esta alarmante tendencia evidencia un preocupante incremento de la criminalidad a nivel nacional.
Según la Dirección de Inteligencia (DIRIN) de la Policía Nacional del Perú (PNP), entre enero y octubre de 2024 se contabilizaron 1.789 homicidios, desglosados de la siguiente manera: 934 por sicariato, 498 por homicidio calificado, 142 por homicidio simple, 117 por robo seguido de muerte, 84 feminicidios y 14 casos clasificados como otros delitos.
De estas víctimas, 1.597 eran peruanos, 115 ciudadanos venezolanos, cinco colombianos y 72 de otras nacionalidades.
81% de crímenes fueron con armas de fuego
Un dato alarmante indica que el 81% de los homicidios se cometieron utilizando armas de fuego, mientras que el 7% se perpetró con armas blancas. Además, el 4% de los casos se clasificó como agresiones físicas, y el 8% restante involucró otros métodos.
Contrario a la creencia popular, las estadísticas no indican una preferencia de los criminales por utilizar motocicletas lineales para cometer homicidios. En su lugar, el 50% de estos delitos fueron perpetrados por personas a bordo de vehículos de otros tipos que no incluyen ni automóviles ni motocicletas. Solo el 26% de los homicidios se ejecutaron desde motocicletas, el 4% desde automóviles y el 20% por personas sin vehículo alguno.
En cuanto a la ubicación de los homicidios, el 55% se cometió en la vía pública, el 12% en domicilios, el 9% en vehículos, el 8% en locales y el 16% en otros lugares.
Lima es la región con más homicidios
Según datos del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) hasta el 10 de octubre, la región de Lima encabeza las estadísticas de homicidios con un total de 638 casos. La siguen La Libertad con 198 homicidios, Callao con 90, Piura con 81 e Ica con 67, formando así el top cinco de las áreas con mayor incidencia de muertes violentas.
En contraste, las regiones con menor número de homicidios son Moquegua, con dos casos; Amazonas, Apurímac y Huancavelica, con ocho cada una; y Pasco, con diez.
A pesar de los esfuerzos de la administración de la presidenta Dina Boluarte y del Ministerio del Interior, actualmente dirigido por Juan José Santiváñez, la declaración de estado de emergencia en diversas zonas no ha logrado frenar las actividades delictivas.
En Trujillo y Pataz, el estado de emergencia ha sido prorrogado por cuarta vez desde su declaración inicial en febrero de este año, cuando Víctor Torres Falcón ocupaba el cargo de titular del ministerio. Además, en 2023, algunos distritos de La Libertad estuvieron bajo este régimen durante un período de hasta 14 meses consecutivos.
En Lima, la actividad de extorsionadores y sicarios llevó al gobierno a declarar la emergencia en distritos como Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho - Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa y Villa El Salvador, así como en Ventanilla, en el Callao. Sin embargo, la criminalidad persiste en estas áreas.
Desde el inicio de este periodo de emergencia, incluso colegios privados y centros de educación inicial han sido blanco de ataques por parte de extorsionadores, quienes utilizan granadas y disparos en las fachadas de estos establecimientos como métodos de intimidación.
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