José Luna y Humberto Abanto insisten en archivar denuncias en su contra por el delito de organización criminal

El congresista José Luna Gálvez ha presentado una apelación ante el Poder Judicial para que se archive el caso en su contra por el presunto delito de organización criminal. Este caso está relacionado con la supuesta inscripción irregular de su partido político, Podemos Perú, ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Según la información disponible, el legislador busca que se desestime la acusación formulada por la Fiscalía.

El recurso presentado por Luna Gálvez se centra en una resolución emitida el 18 de octubre por el juez Jorge Chávez Tamariz, quien declaró infundado un recurso de excepción de improcedencia de acción. Este recurso fue interpuesto por el congresista con el argumento de que los hechos imputados por la Fiscalía no constituyen el delito de organización criminal, en atención a la Ley 32108 y las modificaciones al Código Penal, Código Procesal Penal y la Ley contra el Crimen Organizado.

La defensa de Luna Gálvez sostiene que las modificaciones legales mencionadas deberían influir en la interpretación de los hechos, argumentando que no se ajustan a la tipificación del delito que se le imputa.

Cabe precisar que el parlamentario también es investigado por el presunto delito de cohecho activo específico, dentro de la investigación que viene afrontando en el caso de Podemos Perú.

De igual modo, el abogado Humberto Abanto ha apelado una resolución judicial que rechazó su solicitud de archivar el delito de asociación ilícita para delinquir en el caso conocido como Arbitrajes – Odebrecht.

Según el documento presentado, Abanto argumenta que la decisión del juez Jorge Chávez Tamariz vulnera su derecho a la igualdad ante la ley, al no considerar adecuadamente la casación N.° 26367 2023/Nacional, que establece criterios sobre la permanencia y el reparto de roles en una organización criminal. Además, señala un apartamiento injustificado de la casación N.° 566-2024/La Libertad, que se refiere al control de una cadena de valor de mercado ilegal.

En el caso de Abanto, su defensa se basa en la supuesta vulneración del derecho a la motivación, al considerar que la resolución judicial presenta una motivación aparente sobre la aplicación de la Convención de Palermo. Por ello, solicita que la instancia superior revoque la resolución apelada y declare fundada su solicitud de excepción de improcedencia de acción.

Tras recibir las solicitudes, el juez Chávez Tamariz decidió resolver las apelaciones presentadas por ambos involucrados y señaló que las remitió a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, donde, en caso sean admitidas, deberá convocar a las audiencias con la finalidad de evaluar los recursos con la participación de José Luna y Humberto Abanto.

Cabe precisar que el pasado 22 de octubre, el séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional rechazó la solicitud de Abanto Verástegui para archivar el proceso penal en su contra por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir en el caso conocido como ‘Arbitrajes Odebrecht’.

Según el juez Chávez Tamariz, la participación de Abanto en múltiples procesos arbitrales y su supuesta conexión interna con Odebrecht justifican la continuidad del proceso judicial.

Abanto había presentado un recurso técnico de defensa denominado excepción de improcedencia de acción, basándose en la Ley 32108, que modificó la Ley Contra el Crimen Organizado. Su argumento se centraba en que su situación era similar a la del abogado Eduardo Castillo Freyre, quien fue excluido del caso por la Corte Suprema en octubre, amparado por la nueva legislación.

Sin embargo, el juez Chávez Tamariz determinó que las circunstancias de Abanto no son comparables a las de Castillo Freyre. Mientras que Castillo Freyre no mostró evidencias de participación estable en la presunta organización criminal, Abanto habría estado involucrado en una serie de procesos arbitrales que, según el juez, habrían sido discutidos internamente por Odebrecht.