La situación de la criminalidad en el Perú ha llevado a búsqueda de soluciones más drásticas para intentar frenar su avance. Una de las propuestas en la que coinciden tanto el Congreso como el gobierno de la presidenta Dina Boluarte es el endurecimiento de las penas de cárcel para los criminales. Algunos parlamentarios incluso se muestran a favor de instaurar la pena de muerte.
Sin embargo, para el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, el fiscal Jorge Chávez Cotrina, aumentar las penas de cárcel no tendrán un efecto positivo en la lucha contra el crimen si no existe un plan real para hacer frente a la delincuencia en el Perú.
“El derecho penal se utiliza como último recurso en la lucha contra la criminalidad, esa no es la solución. Usted puede decretar que todos los delitos sean de cadena perpetua y eso no logrará disminuir porque el delincuente no lee el código penal para empezar”, indicó en el programa ‘Los Fiscales’, del Ministerio Público.
El representante del Ministerio Público también afirmó que tanto el Ejecutivo como el Legislativo han emitido una serie de normas que son contradictorias entre sí respecto al internamiento de criminales a centros penitenciarios. “El Estado necesita una política seria contra el crimen. No es cuestión de que el Ejecutivo tenga una estrategia y el Legislativo su estrategia. Ambos chocan y ahí están las consecuencias (...)”, sostuvo.
Fiscal propone revisar normas
El fiscal contra el crimen organizado también afirmó que un paso importante para establecer una política de Estado contra la delincuencia sería la revisión de las normas que -a su criterio- entran en conflicto. Esto debería hacerlo una ‘comisión de alto nivel’.
“No es un problema del Legislativo, del Ejecutivo o del Ministerio Público. Es un problema de Estado. Tienen que sentarse los máximos representantes y revisar qué normas son contradictorias unas con otras y ver que eso no suceda”, dijo el fiscal Cotrina.
Además, se refirió a la asignación de presupuestos otorgados por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte a favor de las instituciones de la administración de justicia: el Ministerio Público, Poder Judicial y Policía Nacional del Perú (PNP). “Si ustedes (el gobierno) no fortalecen a los entes de administración de justicia, tú podrás dar 50 mil leyes y no solucionar el problema porque las instituciones están en quiebra”, afirmó
“El 2025 será inmanejable”
A poco más de dos meses para que finalice el año 2024, las perspectivas de seguridad ciudadana para el próximo año advierten sobre una crisis de seguridad ciudadana incluso más grave que la actual. Según el fiscal Jorge Chávez Cotrina, el 2025 “será inmanejable” para las autoridades.
En el evento ‘Comprometidos por la seguridad ciudadana: enfrentando juntos los retos y desafíos’ organizado por la Cámara de Comercio de Lima, el fiscal Chávez Cotrina también indicó que si el gobierno de la presidenta Dina Boluarte no toma acciones reales contra la inseguridad, el próximo año será más complejo en materia de inseguridad.
“La criminalidad en el país es realmente grave, por ello si el Congreso de la República y Ejecutivo no toman las decisiones oportunas, el próximo año será una situación inmanejable (...) Si tenemos una Policía, Ministerio Público y Poder Judicial en quiebra, ¿cómo se puede luchar contra el crimen organizado?”, indicó el coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada.
Por otro lado, el presidente de la CCL, Roberto De la Torre, indicó que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte debe encausar la lucha contra la delincuencia. “Urge un trabajo articulado con todos los actores. Por ello, el país requiere una política de Estado en seguridad ciudadana que trascienda a gobiernos y que comprenda de estrategia integral”, indicó.