No hay remordimiento. Durante una audiencia por los casos Pativilca-La Cantuta, Santiago Martin Rivas, exjefe del Grupo Colina, lanzó amenazas contra aquellos que, según él, han perseguido a las Fuerzas Armadas. Durante su intervención, Martin Rivas se dirigió en un tono prepotente hacia los abogados, familiares de las víctimas, fiscales y todos aquellos involucrados en la búsqueda de justicia por estos crímenes ocurridos durante la dictadura de Alberto Fujimori.
El exmilitar advirtió que estas personas deberán asumir responsabilidades civiles, penales y personales, y enfatizó que no habrá “ni olvido ni perdón” para ellos.
“Así como han iniciado esta persecución a los militares durante años, también es necesario y es justo que se inicie una palingenesia nacional, en donde todos aquellos personajes, sujetos, entes, que ilícitamente e ilegalmente han perseguido a los militares, han perseguido a las Fuerzas Armadas, con armas vedadas, con mentiras, esos van a tener que asumir sus responsabilidades”, exclamó ante la impasibilidad de los magistrados.
Lo sorprendente es que mientras el líder del Grupo Colina profería sus amenazas, los jueces superiores de la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Sala Penal Nacional, Miluska Cano López, Otto Verapinto Márquez y Helbert Llerena Lezama, se quedaron en silencio y lo dejaron continuar con sus ataques.
El exmilitar insistió en que el momento de rendir cuentas llegará y reiteró su postura de que no habrá perdón para quienes considera responsables de la persecución a las Fuerzas Armadas. En un momento se dirigió a la fiscal a cargo del caso, Paola Delgado, de la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, y le recriminó por sugerir que los miembros del Ejército deben pedir perdón a las víctimas.
“La fiscal mencionó que los militares teníamos que pedir disculpas, perdón, no sé cuántos. Eso es un absurdo, es un absurdo. Eso, más allá de que le sale su espíritu antimilitarista, ideológico, eso no se puede hacer. Los militares, señora presidenta, hemos dado siempre lo mejor que hemos tenido por el país”, agregó.
Martin Rivas justificó las violaciones contra los derechos humanos perpetradas por el escuadrón que dirigía, que además contaba con el respaldo de Alberto Fujimori y su exasesor, Vladimiro Montesinos, con la situación de emergencia que atravesaba el país por el conflicto armado interno.
“¿Por qué estamos acá? Si la lucha antisubversiva no era una función militar, era policial. ¿Y cuántos policías hay detenidos por la lucha antisubversiva? Ninguno. Pero las cárceles están llenas de militares. Eso tuvo una razón: a finales de los años ochenta y principios de los noventa el Perú pasaba por una grave situación de inseguridad nacional, más grave inclusive que la Guerra con Chile”, continuó.
Si el tribunal dictara una condena contra el exjefe del Grupo Colina, sería la cuarta sentencia en su contra. Actualmente, ya está cumpliendo condenas por tres casos: las masacres de Barrios Altos, El Santa y el asesinato del periodista Pedro Yauri; el homicidio de Santiago Gómez Palomino, y el crimen de la agente de inteligencia Mariella Barrreto.
En el proceso por los hechos de Pativilca y La Cantuta, Martin Rivas enfrenta juicio junto a otros exintegrantes del Ejército Peruano, incluyendo a Juan Rivero Lazo, Nicolás Hermoza Ríos, Federico Navarro Pérez y Carlos Pichilingue Guevara.
Colusión anticipada
Como se recuerda, en junio, cinco agentes del Grupo Colina se acogieron a la figura de conclusión anticipada en el juicio que se lleva a cabo por los crímenes cometidos en el Caso Pativilca.
Estos agentes han reconocido su responsabilidad en el asesinato de seis pobladores de Barranca, un acto calificado como delito de lesa humanidad. El último en sumarse a esta decisión fue Wilmer Yarlequé Ordinola.
Según la resolución de la Corte Suprema, los agentes del Grupo Colina participaron en una operación el 29 de enero de 1992 en las localidades de Pampa San José y Caraqueño. Durante esta operación, las víctimas, identificadas como Nieves Ernesto Arias Velásquez, John Gilbert Calderón Ríos, Pedro Damián Agüero Rivera, César Olimpio Rodríguez Esquivel, Toribio Joaquín Aponte Ortiz y Felandro Castillo Manrique, fueron secuestradas y asesinadas. Los cuerpos de estas personas fueron hallados en un cañaveral cercano, presentando signos de tortura y disparos en la cabeza.
Las víctimas fueron falsamente acusadas de ser terroristas, lo que fue utilizado como justificación para los crímenes. Este caso ha sido emblemático en el contexto de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el gobierno de Fujimori. Cabe señalar que el exdictador falleció en medio de este juicio y hasta el final de sus días ratificó su inocencia.
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