El abogado de Jorge Barata, César Nakazaki, afirmó que la prisión preventiva de 36 meses dictaminada en contra de su cliente, a pedido del Ministerio Público, no tiene cómo sostenerse.
“Se va a caer porque se dio bajo el supuesto de que se había revocado el acuerdo de colaboración eficaz. La Fiscalía no solo viola la inmunidad judicial, sino que hace una petición totalmente prematura, porque sin esperar que se defina si el acuerdo de colaboración eficaz se va a mantener o no, pidió la prisión preventiva y el juez en primera instancia la da sobre la base de que no hay acuerdo de colaboración eficaz, y la semana pasada ha dejado sin efecto la anulación”, comentó en diálogo con Canal N.
Como se recuerda, Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en Perú, decidió cesar su colaboración con la justicia peruana. Esta decisión se produjo tras la emisión de una orden de prisión preventiva.
El Ministerio Público sostiene que Barata está fuertemente implicado en un caso de presunta colusión relacionado con la construcción de un gasoducto, en el que habría pactado con el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia para defraudar al Estado
El abogado Kauffmann calificó la orden de prisión como una violación del tratado bilateral de cooperación entre Brasil y Perú. Según él, Brasil se comprometió a proporcionar pruebas sobre el caso Odebrecht con la condición de que no se usaran contra ciudadanos brasileños que colaboraran. A pesar de que Brasil no extradita a sus ciudadanos, las autoridades peruanas planean solicitar un arresto internacional a través de Interpol, lo que podría llevar a la detención de Barata en otros países.
Barata, quien reside en Brasil, ha sido un testigo clave en los procesos relacionados con los sobornos que la constructora brasileña habría pagado a funcionarios peruanos a cambio de contratos públicos. Su decisión de dejar de colaborar podría tener un impacto significativo en las investigaciones en curso sobre corrupción en Perú.
César Nakasaki sostiene que el Perú habría incumplido acuerdos de colaboración, ya que el país, para poder acceder a las pruebas proporcionadas por Brasil, se había comprometido a otorgar inmunidad judicial y que no haya proceso penal por el caso gaseoduicto. Sin embargo, la Fiscalía, al promover una prisión preventiva, incumple el compromiso.
“Mi lectura en el tema de gaseoducto es que han insistido en que Jorge Barata y los ejecutivos de Odebrecht reconozcan sobornos en gaseodcucto y lo que siempre han sostenido, que habiendo dado un aporte de campaña, en la campaña del 2011, no había necesidad de ningún otro pago, y a pesar de la insistencia de la Fiscalía, se ha señalado que no ha habido ningún soborno en el tema del gaseoducto. Eso ha impactado en el arbitraje que en este momento el Perú tiene con odebrecht”, explicó.
Difiere de condena contra exfuncionarios
En otro momento de la entrevista, Nakazaki dijo que si bien estaba definitivamente probado que Odebrecht realizó pagos al expresidente Alejandro Toledo, pues existen pruebas que provienen de Brasil y una colaboración eficaz, es distinto al caso del supuesto acuerdo con miembros de Proinversión.
“Sobre eso no hay ninguna prueba y más bien se habría actuado arbitrariamente (...). Para mí este es un caso de cohecho que está prescrito. Entonces, para no reconocer que el primer y quizás caso más importante caso de Lava Jato está prescrito, han inventado lo de la colusión, y como Toledo no se puede coludir, porque el presidente de la República no participa en el proceso de contratación se inventa el tema con estos dos funcionarios”, mencionó.
“La parte que Barata dice que a Toledo le dio dinero, sí la aceptan, pero la parte que Barata dice que eran ejecutivos serios, que eran una piedra en el zapato, esa no la han tomado en cuenta. La ley dice que los testimonios son indivisibles. No puede ser mentiroso en una parte y honesto en otra parte”, añadió.