Cuando se habla de un salario, se está haciendo referencia a una retribución que recibe un trabajador por sus servicios prestados en un determinado periodo de tiempo y espacio. En esa línea, el objetivo de establecer un salario mínimo es proteger a los trabajadores contra el pago de remuneraciones indebidamente bajas, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En el Perú, esto ya está garantizado. El actual valor del salario mínimo (S/ 1,025) supera lo que reciben algunos trabajadores e inclusive el promedio salarial de algunos departamentos. Ello, sin mencionar que, para hablar de mercado laboral, existen dos mundos completamente diferenciados, el formal y el informal. En el último, donde se desconocen normas, difícilmente se paga un mínimo.
En diez departamentos a nivel nacional, el salario promedio en el sector informal se encuentra por debajo del salario mínimo establecido por Ley. Por ejemplo, en Huancavelica, Cajamarca y Puno, la remuneración percibida en el sector informal, en 2023, ascendió a S/ 752, S/ 771 y S/ 823, respectivamente, de acuerdo con estimaciones de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho). Estos departamentos se encuentran entre los cinco más pobres en el país, con tasas de 39.5%, 44.5% y 41.6%, respectivamente.
Quienes sostienen que el salario mínimo debería de ser equivalente a una canasta básica, no solamente se equivocan, sino que juegan con las expectativas de la población. Afirman que la OIT así lo establece, cuando esta expone que los salarios mínimos podrían ser un elemento integrante de políticas para superar la pobreza. Los peruanos sabemos cuál es la receta para reducir la pobreza sostenidamente, que poco o nada tiene que ver con hacer ajustes al salario mínimo.
En 2004, la tasa de pobreza en nuestro país era de casi 60%. Hacia 2019, esta fue del 20.2%. ¿Qué sucedió? Veintiún años de crecimiento ininterrumpido hasta antes de la pandemia. Crecimiento asociado a políticas de aliento a la inversión privada en diversos sectores estratégicos: minería, agroindustria, telecomunicaciones, infraestructura en general, por citar algunos. Esto propició mayores oportunidades e ingresos para las familias.
Reducir la pobreza, o acceder a una canasta básica, no se consigue con aumentos en el salario mínimo. La población vulnerable, que necesita mayores ingresos para sobrevivir, se concentra en la informalidad. Un incremento en el salario mínimo, sin responder a criterios técnicos, aumentaría, aún más, las barreras que existen para formalizar, para generarse mayores ingresos. Es decir, terminaría perjudicando a quienes se quiere beneficiar.
Un elemento importante para tomar en cuenta a efectos de realizar algún ajuste en el salario mínimo es el nivel de productividad en la economía. Esta, medida por la productividad multifactorial o la productividad total de factores, acumula dos años consecutivos de contracción, debido a menores niveles de inversión. Así, se deduce que no estamos en un contexto oportuno, y que no sería viable plantear un incremento en el salario mínimo.
Independientemente de lo anterior, debemos tomar en cuenta que determinar un ajuste en el salario mínimo debe obedecer al resultado de una combinación de factores, una fórmula, consensuada entre 3 actores: Gobierno, Trabajador y Empleador. Esta se estableció en 2007. Así, según cifras oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el salario mínimo resulta menor que el salario mínimo vigente: S/ 954.