Vecinos del asentamiento humano Micaela Bastidas en Ate, Lima, exigen justicia tras el presunto asesinato de un bebé de un año y ocho meses. El caso ha conmocionado a la comunidad, que se encuentra indignada ante los hechos que involucran a los padres del menor, identificados como la madre, Diana Ninoska Castañeda Figueredo, y el padrastro, Michael Rafael Hernández Martínez, ambos extranjeros.
El trágico suceso se desarrolló en una vivienda alquilada del pasaje Dignidad. Según el parte policial, el menor fue llevado de emergencia al hospital Lima Este el último miércoles 30 de octubre, donde la pediatra de turno confirmó que el niño había llegado sin signos vitales. Las lesiones encontradas en el cuerpo fueron aterradoras: presentaba golpes en el mentón, cuello y cabeza, así como quemaduras en la espalda y señales de abuso en sus partes íntimas.
“Los vecinos relataron con horror que la pareja alquilaba un cuarto en la zona desde hace más de un mes y que habían notado comportamientos sospechosos. “Siempre era todo muy silencioso, nunca escuchábamos al niño jugar o reír”, comentó una residente ante las cámaras de Buenos Días Perú.
Bebé era golpeado y obligado a fumar
Además, otros vecinos de la zona aseguran que el padrastro había sido visto golpeando al pequeño en múltiples ocasiones, lo que refuerza las sospechas de maltrato prolongado.
“En el lugar de los hechos, los residentes han dejado carteles exigiendo justicia para el bebé. “Es inaceptable que haya sucedido esto. Como madres, estamos dolidas. Nos duele como si fuera nuestro propio hijo”, expresó una vecina entre lágrimas para el citado medio.
Los vecinos también señalaron la falta de familiares del menor en el país, lo que complica la entrega del cuerpo para una sepultura digna. Han solicitado la intervención inmediata del Ministerio de la Mujer para recibir apoyo en los trámites y garantizarle un entierro adecuado.
El caso ha generado gran indignación, especialmente después de que se difundieran videos publicados por la propia madre, donde se ve al menor siendo forzado a fumar un vape electrónico y sometido a maltratos físicos. Las imágenes no solo son perturbadoras, sino que también evidencian la violencia constante a la que estaba sometido el niño. “Es desgarrador pensar en el sufrimiento que soportó. Necesitamos que se haga justicia”, agregó otra vecina.
El menor, cuyos restos se encuentran en la morgue central, no tiene otros familiares en el país, lo que ha llevado a los vecinos a solicitar la intervención del Ministerio de la Mujer para asegurar una sepultura digna. La comunidad exige que se tomen medidas legales contra los responsables, quienes podrían enfrentar cargos por infanticidio y lesiones graves.
Las investigaciones siguen en curso, y tanto Diana Castañeda como Michael Hernández permanecen detenidos en la comisaría de Ate, acusados de infanticidio y lesiones graves.
Canales de denuncia para el maltrato infantil
Las personas que sean testigos o tengan conocimiento de posibles vulneraciones a los derechos de niñas, niños o adolescentes deben actuar con urgencia. Es fundamental denunciar ante las autoridades más cercanas, ya que una pronta acción puede marcar la diferencia en la vida de un menor en situación de riesgo. La denuncia se puede realizar en la comisaría local, en la Demuna de su distrito o directamente en la Unidad de Protección Especial (UPE) más cercana. También se puede acceder a la Línea 100 o llamar gratuitamente a la Línea 1810 para reportar estas situaciones.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se dedica a proteger a los más vulnerables. A través de sus UPE, brinda atención inmediata y especializada a menores en riesgo o desprotección familiar. Este servicio es completamente gratuito y busca atender a los niños, niñas y adolescentes que enfrentan situaciones de abandono, violencia o explotación.
Una vez que se realiza la denuncia, la UPE notifica el hecho a la oficina encargada, que se encarga de desarrollar las acciones necesarias. El servicio cuentan con un equipo multidisciplinario que proporciona asesoría legal, psicológica y asistencia social especializada en estos casos. Además, realizarán una visita al lugar de los hechos para verificar la situación del menor afectado.
Si se determina que el niño se encuentra en desprotección familiar, se coordinará con la Fiscalía de la Nación y la Policía Nacional del Perú para su protección. El menor pasará por los exámenes pertinentes y se contactará a un familiar que pueda hacerse cargo de él provisionalmente, evaluando su situación legal, psicológica y social. En caso de que no exista riesgo para el menor, se generará un informe que brindará la orientación y el apoyo necesario. Para más información, se puede llamar al 01 626 1600, anexo 7241, o acercarse a las Unidades de Protección Especial de la región.
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