Los fiscales Sarita Flor Jara Beteta y Milder Peinado Lara, de la Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Selva Central, lograron una sentencia contra un efectivo policial en actividad de la comisaría de Pangoa. Iván Casaverde Guevara, suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), fue detenido en flagrancia al exigir una coima a un ciudadano para omitir una papeleta de infracción, lo que resultó en su condena a cinco años de prisión suspendida.
La sentencia fue emitida luego de que el suboficial fuera intervenido tras recibir una suma de mil soles de un ciudadano identificado con las iniciales U.E.V.L. Según el proceso judicial, el detenido solicitó el monto para no remitir una papeleta de infracción a la Municipalidad Provincial de Satipo, en un acto considerado como cohecho pasivo propio en el ejercicio de funciones públicas. La Fiscalía presentó una serie de pruebas ante el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Satipo, incluyendo actas de intervención policial, actas de registro personal y la transcripción de audios de conversaciones entre el suboficial y el ciudadano afectado.
El caso se inició el 24 de octubre de 2024, día en que Iván Casaverde fue detenido mientras recibía la dádiva de manos de U.E.V.L., hecho que fue registrado por las autoridades fiscales y la policía. Los mil soles entregados en efectivo a Casaverde fueron fotocopiados previamente como parte de la evidencia del Ministerio Público, y el intercambio quedó documentado para el desarrollo de la audiencia. Según el expediente, la suma sería entregada posteriormente a otro agente de la PNP, identificado como Luis Alberto Céspedes Guzmán, con el propósito de omitir el reporte de infracción.
Fiscalía expone elementos de convicción ante el juzgado
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó múltiples pruebas como elementos de convicción que, según las autoridades, fueron determinantes para la sentencia del suboficial. Entre estos elementos figuran el acta de intervención policial, acta de registro personal, acta de transcripción de audio, además de los testimonios de los involucrados, incluido el denunciante.
Por su parte, el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Satipo acogió el pedido de prisión preventiva contra Luis Alberto Céspedes Guzmán. El segundo agente policial implicado se encuentra actualmente con orden de captura, enfrenta una acusación formal por cohecho pasivo propio. Según los datos presentados, él también habría incurrido en la omisión de sus funciones dentro de la institución al recibir el dinero destinado a evitar el reporte de infracción.
Contexto de cohecho en la Policía Nacional del Perú
El caso de Pangoa no resulta un hecho aislado dentro de la PNP, según revela un informe de Panamericana. Desde inicios de 2024, al menos 100 policías en Perú fueron detenidos por estar vinculados en casos de cobro de coimas, lo que refleja un panorama de creciente problemática en las instituciones policiales del país. Esta situación había sido advertida en 2023, cuando las fiscalías nacionales dieron inicio a 523 investigaciones en torno a cohecho pasivo en el contexto de la función policial. La cifra sugiere un aumento constante en los casos de presunta corrupción, estimando que, cada 16 horas, se reporta un nuevo incidente de esta naturaleza en el país.
La problemática del cohecho pasivo propio, delito que implica la recepción de beneficios a cambio de favores en el ejercicio de funciones públicas, representa un reto para el Estado en la preservación de la integridad en el funcionamiento de sus instituciones.
Las cifras y los casos recientes reflejan una percepción cada vez más negativa de las fuerzas del orden. El fenómeno de la corrupción policial vinculado al cohecho pasivo es un factor que debilita la confianza en la PNP, según indicaron analistas consultados en informes de medios locales. En el marco de las investigaciones fiscales, los funcionarios involucrados en estos casos no solo comprometen su papel dentro de las instituciones públicas, sino que también afectan la imagen y el cumplimiento de las funciones de la Policía Nacional, considerada pilar en la seguridad pública.
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