El Primer Despacho del Equipo Especial del Ministerio Público, liderado por el Fiscal Provincial José Domingo Pérez Gómez, solicitó al Poder Judicial la suspensión del cobro de peajes de la concesión Línea Amarilla, administrada por Lima Expresa SAC. Esta medida preventiva se enmarca en las investigaciones que involucran a la empresa Línea Amarilla SAC, la Constructora OAS y a Susana Villarán de la Puente, exalcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
El requerimiento se fundamenta en el artículo 313 del Código Procesal Penal, que permite la adopción de medidas preventivas contra personas jurídicas. Además, se propuso que la Municipalidad Metropolitana de Lima (a través de EMAPE S.A.) sea designada como administradora judicial para custodiar los bienes de la concesión relacionados con el contrato.
Con la medida, según el requerimiento, se busca poner término a las pretensiones de Lima Expresa de “seguir beneficiándose de manera indebida con el cobro de un peaje incrementado mediante acuerdos clandestinos” encubiertos vía un mecanismo de trato directo.
“Consecuentemente, resulta necesario poner término a la permanencia o prolongación de dichos efectos lesivos del delito, en este caso, mediante la suspensión temporal del cobro de la tarifa del peaje, a fin de no seguir afectando a la población con el cobro de una tarifa del peaje reajustada e incrementada bajo parámetros propuestos por el concesionario y fuera del marco legal del contrato de concesión”, se lee en el requerimiento fiscal.
¿Cuáles serán las zonas en las que se dejaría de pagar?
En caso de que el Poder Judicial acoja la solicitud del fiscal José Domingo Pérez el próximo 21 de noviembre a las 11:00 horas, los conductores dejarían de pagar peajes en las siguientes zonas:
- Sección 1: Vía de Evitamiento, Monterrico, Separadora Industrial, Santa Anita y Ramiro Prialé.
- Sección 2: Peaje Estadio, Peaje Ejército y Peaje Huánuco
Este pedido se da en el marco del caso que afronta la exburgomaestre, acusada por el Ministerio Público de liderar una red de corrupción y de lavados de activos proveniente de aportes ilícitos por parte de las empresas constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para financiar campañas electorales.
La Fiscalía solicitó una pena de 29 años de prisión para Villarán, mientras que sus nueve excolaboradores podrían recibir hasta 20 años de cárcel. Según la hipótesis fiscal, Villarán habría pactado con directivos de las empresas mencionadas para favorecerlos mediante la extensión del contrato de concesión del proyecto vial Línea Amarilla en 2012.
El Ministerio Público sostiene que este acuerdo permitió un reajuste en las tarifas de peaje de las vías administradas por LAMSAC en 2013. A cambio, Villarán habría recibido apoyo económico para financiar su campaña de reelección en 2014. Además, se le acusa de haber recibido fondos de Odebrecht, OAS y Graña Montero para la campaña del ‘NO a la revocatoria’, un movimiento político que buscaba evitar su destitución.
De acuerdo a la procuradora ad hoc del caso, Silvana Carrión, existen evidencias de presuntos actos de corrupción “tanto en la adjudicación de los contratos como en la ejecución de los mismos; porque en la ejecución se ha evidenciado que hubo adendas, tratos directos posteriores a la celebración del contrato, que han permitido cambiar las condiciones, el equilibrio económico de las concesiones, que finalmente ha favorecido a las empresas concesionarias”-
“Rutas de Lima tiene aproximadamente 3 o 4 investigaciones fiscales; Línea Amarilla tiene aproximadamente 6 o 7 investigaciones fiscales, donde se investiga el momento de la adjudicación, el momento de la ejecución, las adendas, el trato directo; en donde se ha aportado evidencia que viene de colaboraciones eficaces hasta la evidencia que la propia fiscalía ha ido recabando, que dan cuenta que ha habido no solo hechos de corrupción, sino que estos han impactado en el equilibrio económico de la concesión a favor de las concesionarias, en perjuicio de la Municipalidad de Lima”, aseveró.
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