Un empresario minero denunció que integrantes de la Policía Nacional (PNP) estarían involucrados en la liberación de ‘parqueros’, encargados de proveer de insumos o de transportar el oro extraído de manera clandestina, así como en la desaparición de mineral incautado durante un operativo en Pataz, según un parte difundido este martes por el portal de investigación Causa Justa.
El incidente fue reportado en la comisaría de la localidad de Vijus el viernes pasado. De acuerdo con el relato, un grupo de delincuentes había ingresado a su mina, causó daños y afectó a sus trabajadores. Ante la denuncia del empresario, el suboficial de tercera Andrés Córdova Dueñas y otros agentes acudieron al yacimiento.
Durante la intervención, las autoridades encontraron a seis sujetos en posesión de sacos de mineral aurífero, herramientas y cartuchos de dinamita, quienes fueron trasladados a la comisaría. De acuerdo con el medio, estos materiales también fueron incautados. Sin embargo, al día siguiente, ni las personas ni los materiales estaban en la comisaría.
El teniente Miguel Paucar Chaico, comisario de Vijus, negó tener conocimiento de la intervención. Por su parte, Córdova Dueñas afirmó haber retenido solo a una persona por control de identidad, sin aclarar el paradero del resto de los detenidos, lo que contrasta con las imágenes y videos de la intervención presentadas por el empresario.
“Tierra de nadie”
Pataz ha experimentado durante los últimos cinco años invasiones de delincuentes peruanos y extranjeros aliados con mineros ilegales, conocidos como ‘parqueros’, quienes buscan controlar las operaciones, según Minera Poderosa. Estas bandas criminales actúan violentamente con armas de guerra y explosivos, y perpetran robo, extorsión, atentados terroristas y homicidios. Los continuos ataques en la región provocaron la declaración del estado de emergencia en febrero.
El Ministerio de Defensa informó que, desde la declaratoria, se llevaron a cabo 79 operativos y 30 operaciones de interdicción contra la minería ilegal. Sin embargo, a mediados de este mes, agentes de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) descubrieron una fosa común en un socavón de la Poderosa, con más de una docena de víctimas. Los asesinatos se atribuyen al grupo armado ‘Los Buitres’, compuesto por excriminales y exmilitares.
El expresidente de la Comisión de Energía y Minas del Consejo Regional de La Libertad, Greco Quiroz, afirmó a Causa Justa que durante su gestión en 2019 se documentaron al menos 280 personas desaparecidas desde 2015 en la zona. Además, muchos de los desaparecidos eran trabajadores migrantes que llegaron a Pataz en busca de mejores oportunidades y cayeron en las garras de la explotación y la violencia. Las víctimas del reciente hallazgo serían ‘parqueros’.
En diciembre pasado, el experto en seguridad y orden interno Pedro Yaranga alertó a Infobae Perú sobre la grave situación en Pataz. “Las bandas se han apoderado de la zona. Extorsionan, secuestran, matan y todo se produce en los socavones de mina. Cuando se enfrentan y agarran a balazos, en las afueras, normalmente mueren dos a tres personas por noche. Nadie sabe ni hacen levantamiento de cadáver y simplemente los entierran bajo los escombros de mina que sacan. Es tierra de nadie”, señaló entonces.
El alcalde de Pataz, Aldo Carlos Marinos, ha solicitado a la presidenta Dina Boluarte que Perú se retire del Pacto de San José, conocido como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, e implemente la pena de muerte para delincuentes reincidentes, violadores, secuestradores y extorsionadores.
Marinos argumentó que este tratado ha beneficiado a los delincuentes y que los penales se han convertido en centros de “entrenamiento criminal”. A través de un oficio enviado a la Presidencia del Consejo de Ministros, la autoridad propuso una reforma constitucional para ampliar los delitos sujetos a pena de muerte y reformar el Código Penal para establecerla como sanción máxima, además de sugerir trabajo obligatorio para reclusos a fin de reducir gastos estatales. Finalmente, pidió derogar la ley sobre crimen organizado, considerada por algunos como un obstáculo para su combate.
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