En un fallo histórico, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) difundió una decisión tomada el 25 de octubre en la que se halla responsabilidad en el gobierno del expresidente Alberto Fujimori por haber violado los derechos de cinco mujeres que denunciaron haber sido víctimas de esta política entre los años 1996 y 1997.
María Elena Carbajal Cepeda, Gloria Basilio Huamán, Florentina Loayza Cárdenas, Rosa Loarte Sobrado y Elena Rojas Caballero son los nombres de las cinco mujeres afectadas que denunciaron al Estado peruano en el año 2020, brindaron sus declaraciones ante el Comité de las Naciones Unidas y narraron a detalle lo ocurrido en cada uno de sus casos.
Por ejemplo, según el documento oficial de la ONU al que pudo acceder Infobae Perú, María Elena Carbajal afirmó que en 1996 “acudió sola al Hospital María Auxiliadora en Lima para dar a luz a su cuarto hijo. María Elena pidió ver a su recién nacido, pero los funcionarios del hospital se lo negaron, diciendo que ya tenía cuatro hijos y que este debía ser el último. Días después, le dijeron que solo le devolverían a su hijo si aceptaba ser esterilizada. La autora señala que le escondieron a su hijo recién nacido y que recibió tanta presión que terminó aceptando (...)”
Leticia Bonifaz, miembro del Comité de la ONU, afirmó que “las víctimas describieron un patrón consistente de ser coaccionadas, presionadas o engañadas para someterse a esterilizaciones en clínicas que carecían de la infraestructura adecuada o personal capacitado”.
La representante también indicó que estos procedimientos fueron realizaros sin el consentimiento de las afectadas y que algunas no podrían leer o hablar en español. Tampoco comprendían la naturaleza del procedimiento al que se estaban sometiendo.
La parte del Estado
El Comité también afirmó que el Estado peruano también brindó información sobre la situación en la que se encontraba el caso de esterilizaciones forzadas a nivel judicial entre los años 2021 y 2022, aunque entre sus argumentos se justifica parte de la política establecida durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori. También afirma que la acusación presentada por las presuntas víctimas “es infundada”.
“El Estado parte alega que la comunicación es infundada, ya que el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar no estuvo destinado únicamente a las mujeres, sino a la población en general, que la anticoncepción quirúrgica voluntaria se realizó tanto a hombres como a mujeres y que la política de control de la natalidad no tuvo por propósito afectar a las personas (...)”, se indica en el documento oficial.
Sin embargo, las denunciantes se reafirmaron en sus acusaciones y entre el año 2023 y enero de este año, indicaron que “fue precisamente en virtud del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que más de 300.000 mujeres, en su mayoría indígenas procedentes de la zona del altiplano, fueron esterilizadas forzosamente entre los años 1996 y 2001″.
Pese a que el Estado presentó sus argumentos sobre la situación de las investigaciones por el caso de las esterilizaciones forzadas, el Comité dejó constancia que “el Estado parte tampoco aportó información respecto de su consentimiento informado (de las víctimas) y se limitó a manifestar que no puede demostrar que las autoras no fueron esterilizadas en contra de su voluntad”, se lee en el dictamen.
El Comité concluyó que el incumplimiento por parte del Perú de sus obligaciones de investigar debidamente estas violaciones e indemnizar a las víctimas de esterilización forzada constituyen actos de discriminación contra la mujer.
ONU recomienda indemnización para víctimas
El documento del Comité de la ONU también enumera una serie de recomendaciones para el Estado peruano, entre las que se encuentran acelerar y ampliar sus investigaciones, brindar compensación económica y apoyo psicológico e implementar un programa integral de reparación para las víctimas. La lista completa incluye:
- Indemnización financiera adecuada a las autoras y sus familiares por los daños de salud física y psicológica sufridos
- Asistencia psicológica a las autoras y sus familiares
- Tomar las medidas urgentes necesarias para acelerar la investigación relacionada con las esterilizaciones forzadas de las autoras a fin de esclarecer los hechos, identificar y sancionar a los responsables
- Tomar medidas adecuadas, para investigar todo hecho de esterilización forzada cometido en el marco del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000)
- Implementar un programa de reparación integral, incluida una indemnización, para todas las mujeres incluidas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas
- Asegurar que el marco legal sea el adecuado para abordar diligentemente las investigaciones y los procesos de reparación correspondientes.
Finalmente, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) indicó que el Estado debe considerar las recomendaciones y presentar en los próximos 6 meses -en abril del 2025- una respuesta en la que se indiquen cuáles fueron las medidas adoptadas a raíz de las recomendaciones indicadas.
En los próximos días, el Estado también deberá publicar el dictamen completo del Comité “y los distribuya ampliamente a fin de llegar a todos los sectores pertinentes de la sociedad”.
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