Crisis en la frontera con Bolivia: Cámara de Comercio de Puno demanda reforzar control aduanero para frenar el contrabando

La frontera entre Perú y Bolivia, específicamente en la zona de Desaguadero, se ha convertido en escenario de un fenómeno en crecimiento: el contrabando de productos esenciales y de materiales de construcción. Este hecho responde a la grave crisis económica que atraviesa Bolivia, con una devaluación significativa de su moneda y un desabastecimiento de productos básicos. La situación afecta directamente las dinámicas comerciales en la región sur del Perú, encendiendo alarmas entre empresarios y autoridades de Puno.

El presidente de la Cámara de Comercio y la Producción de Puno (CCPP), Juan Fredes Pineda, alertó en una entrevista para el medio Encuentro sobre el incremento en el contrabando de alimentos y materiales de construcción, que ingresan de forma irregular desde Bolivia. El experto destacó que las provincias de El Collao, Chucuito – Juli y Yunguyo en Puno registraron un aumento en el ingreso ilegal de cemento, proveniente de las marcas bolivianas Ecebol y Viacha, mediante el método de traslado hormiga, donde pequeñas cantidades de mercancía cruzan la frontera repetidamente para evitar el control.

Según los empresarios de la zona, la cantidad de cemento que entra a Perú a través de Desaguadero ha escalado significativamente. En febrero de 2024, se estimaba que 400 toneladas métricas ingresaban mensualmente. Sin embargo, la situación experimentó un incremento notorio: para marzo, el volumen ascendió a 850 toneladas y, actualmente, los reportes indican que las cifras llegaron a 3 mil 600 toneladas mensuales, según indicó el presidente de la CCPP. Este flujo ilegal de cemento representa un movimiento de aproximadamente 10 millones de soles al mes.

Los factores económicos en juego resultan convenientes para los compradores peruanos, quienes acceden al cemento a un precio menor debido al tipo de cambio favorable. Según datos proporcionados por la CCPP, el cemento Ecebol se ofrece a 25 soles, mientras que Viacha se encuentra en el mercado a 25.50 soles, en comparación con el cemento peruano que alcanza los 27.50 soles.

Ante esta problemática, la Cámara de Comercio de Puno solicitó a la Intendencia de Aduanas que establezca un puesto de control en Pomata, un punto estratégico en la provincia de Chucuito, con el objetivo de frenar el contrabando. Esta petición se fundamenta en la verificación de reportes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), los cuales no registran ningún ingreso formal de este tipo de mercancía en la zona de Desaguadero, evidenciando así la magnitud del comercio ilegal.

Los empresarios punenses señalaron que el impacto negativo de esta actividad sobre la industria local no solo se refleja en la pérdida económica, sino también en el perjuicio fiscal, ya que el contrabando implica una evasión de impuestos estimada en más de 15 millones de soles mensuales. La situación mantiene en alerta a los sectores productivos locales, que ven cómo el comercio informal erosiona sus ingresos y pone en riesgo la sostenibilidad de sus actividades.

Mientras el contrabando continúa afectando al lado peruano, en Bolivia, las autoridades adoptaron medidas de control en la frontera para intentar frenar el flujo de productos. En un reciente diálogo entre un ciudadano boliviano y el corresponsal Víctor Cari, de Radio Onda Azul, se expresó preocupación ante la decisión del presidente de Bolivia, Luis Arce, de militarizar los pasos fronterizos. La medida busca restringir el contrabando en los días de feria, martes y viernes, cuando el flujo de productos es más intenso.

El ciudadano señaló que, aunque la militarización podría ser efectiva en reducir el contrabando, también afecta las economías familiares de los habitantes fronterizos, quienes dependen de la compra y venta de productos peruanos para cubrir sus necesidades básicas. Con la devaluación del boliviano, varios productores y comerciantes han optado por vender sus productos en Perú, generando una subida de precios en el mercado interno boliviano.