El Gobierno Regional de La Libertad, encabezado por César Acuña Peralta, ha presentado una solicitud formal al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, pidiendo que el Ejército del Perú asuma el control del orden interno en las provincias de Trujillo y Virú. Esta decisión llega después de semanas de una creciente ola de criminalidad y disturbios que han desbordado la capacidad de respuesta de la Policía Nacional del Perú (PNP), poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos.
La solicitud se basa en el estado de emergencia declarado en ambas provincias, que ha estado vigente debido a la alarmante situación de violencia. Según los decretos supremos 107-2024-PCM y 109-2024-PCM, el estado de emergencia se ha prorrogado varias veces, lo que ha llevado a la suspensión de derechos constitucionales esenciales, como la libertad de tránsito y de reunión. Sin embargo, a pesar de estas medidas, la inseguridad ha ido en aumento, lo que ha llevado a las autoridades regionales a considerar una intervención más drástica.
Recientemente, el 27 de octubre, los habitantes del distrito de Chao se manifestaron en respuesta a la alta criminalidad en la zona, bloqueando la carretera Panamericana Norte. Esta protesta, que reunió a aproximadamente 400 manifestantes, se volvió violenta y culminó en enfrentamientos que dejaron varios heridos, incluidos policías.
La situación se volvió crítica, con manifestantes lanzando piedras y bloqueando el tránsito durante más de 15 horas. Los vehículos de transporte público y privado quedaron atrapados en largas filas, mientras que algunos conductores enfrentaron agresiones.
Desbordando la capacidad policial
En el documento dirigido a la PCM, Acuña Peralta subrayó la necesidad urgente de restablecer el orden en Trujillo y Virú, donde las organizaciones criminales han tomado las calles y han desafiado abiertamente a la autoridad.
En un operativo policial en el distrito de El Milagro, el día 27 de Octubre, la Policía Nacional detuvo a tres personas, incluyendo a un miembro de una organización criminal conocida por su participación en el sicariato. A pesar de estas acciones, la incapacidad de la Policía para controlar la situación ha llevado a cuestionar su eficacia.
Las autoridades regionales argumentaron que la presencia del Ejército podría proporcionar el respaldo necesario para restablecer la seguridad y el orden público. La propuesta no es nueva; en diversas ocasiones, ante crisis de seguridad, se ha apelado a la intervención militar como una solución para enfrentar el aumento de la violencia. Sin embargo, esta medida genera un debate sobre la militarización de la seguridad pública y las implicancias que conlleva.
La propuesta del Gobierno Regional de La Libertad ha encontrado eco entre los ciudadanos que claman por una respuesta efectiva ante la violencia creciente. En las calles de Trujillo y Virú, la gente expresa su apoyo a la intervención del Ejército, confiando en que su presencia podría traer una sensación de seguridad y restablecer el orden. “Es necesario que algo cambie. La Policía ya no puede con esto”, afirmó un comerciante de la zona, quien se siente vulnerable ante el clima de inseguridad.
La Libertad sumergida en violencia
En la región de La Libertad, la violencia ha alcanzado niveles preocupantes a pesar de la declaratoria de emergencia. Según informes de medios locales, en la provincia de Virú, donde se ha llevado a cabo un bloqueo de carretera, se han reportado cinco asesinatos recientes en localidades como Víctor Raúl, Chao y Carmelo.
Hasta las primeras semanas de octubre, el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) ha registrado un total de 198 homicidios en la región. Esta cifra alarmante pone de manifiesto la gravedad de la situación de inseguridad que se vive en La Libertad.