El Poder Judicial dictó este martes 36 meses de prisión preventiva contra cuatro policías acusados de cohecho pasivo propio y criminalidad organizada, a raíz de operativos falsos que fabricaban para exigir coimas. El juez anticorrupción César Franco, de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, ordenó la medida cautelar en una audiencia que se extendió por nueve horas.
El comandante Eugenio Vallejos Salazar, exjefe de la División de Investigación Criminal de San Juan de Miraflores, está acusado de intervenir ilegalmente un taller de buzos deportivos en 2021 para extorsionar con S/ 3,000. Junto a él, los agentes Miguel Anthony Ocampo Saldamando, Alex Arturo Aguirre Vásquez y Erick Alexis Sánchez Ramos Chávez enfrentarán prisión preventiva tras denuncias de múltiples víctimas. Los delitos ocurrieron entre 2021 y 2022 bajo la dirección de Vallejos Salazar en otro distrito de la capital.
Los agentes integrarían la organización criminal ‘Los Arteros del Sur’, acusada de sembrar drogas y objetos ilícitos a ciudadanos para extorsionarlos y evitar su detención al desaparecer documentos falsos generados durante las intervenciones. El último 30 de septiembre, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Lima Sur detuvo a diez integrantes de la Policía Nacional (PNP) y dos civiles, incluido Vallejos Salazar, como parte de una diligencia que involucró a 23 personas en Lima y cuatro en Arequipa.
El fiscal provincial Hugo Minaya, quien ejecutó el operativo, estuvo acompañado por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la PNP.
La noticia sobre la medida contra estos efectivos salió a la luz el mismo día en que el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva para dos policías retirados, Rainer Alejandro Quinto y Erika Honorio Vidal, acusados de estafa agravada. Según la investigación, el agente ofrecía a sus víctimas inversiones seguras y los engañaba con la promesa de duplicar sus ganancias en 15 o 20 meses.
La pesquisa reveló que Quinto creó una empresa fachada para captar inversiones y manejaba 17 cuentas de ahorro con transacciones millonarias. La extensa estafa piramidal dejó un saldo de 10 millones de soles robados y al menos 300 víctimas, incluidos varios efectivos, de acuerdo con el fiscal provincial Derek Schuster.
Este miércoles 30, además, la justicia dictará sentencia contra un jefe policial y varios efectivos implicados en la violación múltiple de un colega en una sede del departamento de rescate. La agresión ocurrió en enero de 2023 y el sobreviviente grabó en secreto a los perpetradores, quienes confesaron el delito y admitieron que era una práctica sistemática.
Corrupción en PNP
Según un informe de Punto Final, hasta julio de 2023, de una población penitenciaria nacional de 93,147 internos, 758 son policías: 367 procesados y 391 con sentencia. En Lima, están recluidos en cárceles como Lurigancho, Castro Castro, Ancón y Ancón II.
Los cargos abarcan desde cohecho hasta robo agravado, tráfico de drogas, organización criminal, violación y extorsión. Solo seis policías están detenidos por delitos contra la humanidad y serían candidatos para una cárcel exclusiva que la PNP planea construir en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), donde también se encuentran los expresidentes Alejandro Toledo y Pedro Castillo.
De acuerdo con el dominical, el jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Justicia cuenta con un informe elaborado por la División de Seguridad y Penales respecto a la creación de un penal exclusivo para policías, debido a la preocupación de que agentes sean encarcelados por su papel en la represión de protestas antigubernamentales que dejaron 49 muertos.
El informe menciona la alta probabilidad de medidas judiciales contra el personal policial tras la destitución del expresidente Pedro Castillo. Según el Ministerio Público, 154 miembros de la PNP y el ejército están procesados por estas muertes, mientras que la presidenta Dina Boluarte enfrenta una denuncia constitucional.
Actualmente, la PNP atraviesa una profunda crisis debido a las numerosas denuncias que involucran a sus miembros, principalmente por corrupción. El Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO), presentado por la Contraloría, revela que la institución en Lima Metropolitana ocupa el primer lugar entre las entidades del gobierno nacional, con un puntaje de 75.7.
Entre 2018 y 2023, un total de 23,824 oficiales fueron retirados por faltas muy graves, lo que equivale a un promedio de 11 pases al retiro por día. Además, 8,129 oficiales fueron suspendidos temporalmente por diversas infracciones, la más común es la MG-39, consistente en faltar más de cinco días sin causa justificada.
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