Pese al estado de emergencia en Lima y Callao, que se aplica en 14 distritos, las muertes vinculados a homicidio, sicariato y extorsión no han parado en los últimos 30 días en las zonas consideradas críticas por el avance de la ola de criminalidad.
En Ate, San Juan de Lurigancho (SJL), Puente Piedra, Independencia, San Martín de Porres, Comas, Cercado de Lima y San Isidro, todo distritos declarados en emergencia, los fallecidos a causa de la criminalidad se siguen registrando.
El caso del distrito de Ate es el llamativo con 13 muertes en pleno estado de emergencia, de acuerdo a un cuadro estadístico compartido por el noticiero 24 Horas.
SJL, SMP, Puente Piedra e Independencia comparten las cifra de tres fallecidos en el último mes. En Comas y el Cercado de Lima son dos, mientras que uno en San Isidro.
En total son 30 las muertes vinculadas a homicidio, sicariato y extorsión que ocurrieron, a pesar de la mencionada medida que se impuso hace poco más de un mes, luego de que el gremio de transportistas convocara a diversas paralizaciones y protestas.
Críticas a la medida
Recientemente, el presidente del Poder Judicial de Perú, Javier Arévalo, expresó su preocupación, ante los escasos resultados obtenidos por el estado de emergencia.
De acuerdo a Arévalo, las medidas actuales “no están alcanzando las metas que se han propuesto” y sugirió que el gobierno debería replantear la estrategia para que sea realmente efectiva.
Para el titular de este poder del Estado, los resultados no son los esperados en términos de reducir la criminalidad y mejorar la seguridad ciudadana.
“El estado de emergencia no está alcanzando las metas que se han propuesto. Sí creo que debe replantearse y tomar una medida para que sea efectivo”, dijo Arévalo.
El estado de emergencia fue declarado a raíz de un incremento alarmante en los casos de extorsión y otros delitos violentos, que han generado un clima de inseguridad en Perú, afectando especialmente a sectores como el transporte y la construcción.
Además, recordó que la responsabilidad de la seguridad interna y externa del país recae en el Poder Ejecutivo.
En este sentido, Arévalo dejó en claro que, aunque el Poder Judicial tiene un papel importante en sancionar a los delincuentes, el liderazgo y la estrategia en temas de seguridad corresponden al gobierno.
Para el titular del Poder Judicial, la cooperación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial es crucial, pero subraya que el Poder Ejecutivo debe replantear y fortalecer sus acciones para enfrentar la ola de criminalidad en Perú. La crítica de Arévalo se suma a un contexto de creciente descontento social por la inseguridad en Perú.
Los gremios como el de transportistas y trabajadores de la construcción convocaron protestas en Lima y Callao para exigir mayor acción por parte de las autoridades ante el aumento de delitos como la extorsión.
A finales de septiembre, los transportistas realizaron un paro en Lima, lo que llevó al gobierno a declarar el estado de emergencia en algunos distritos; sin embargo, los gremios consideran que la medida ha sido insuficiente y han anunciado nuevas manifestaciones.
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