A poco más de dos meses para que finalice el año 2024, las perspectivas de seguridad ciudadana para el próximo año advierten sobre una crisis de seguridad ciudadana incluso más grave que la actual. Según el fiscal Jorge Chávez Cotrina, el 2025 “será inmanejable” para las autoridades.
El fiscal, que estuvo presente en el evento ‘Comprometidos por la seguridad ciudadana: enfrentando juntos los retos y desafíos’ organizado por la Cámara de Comercio de Lima y en el que participaron diversos gremios y representantes de la sociedad civil; afirmó que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo aprobaron iniciativas de ley que en realidad no tienen incidencia en la lucha contra la criminalidad que azota al país.
“La criminalidad en el país es realmente grave, por ello si el Congreso de la República y Ejecutivo no toman las decisiones oportunas, el próximo año será una situación inmanejable (...) Si tenemos una Policía, Ministerio Público y Poder Judicial en quiebra, ¿cómo se puede luchar contra el crimen organizado?”, indicó el coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada.
El fiscal Cotrina también indicó que una de las formas para combatir la inseguridad en el Perú es fortalecer a la Policía Nacional del Perú (PNP). Además de dar un mayor presupuesto a las entidades antes mencionadas, el fiscal indicó que también se necesita dotar a estas instituciones de mayor tecnología y personal especializado. Esta labor corresponde al Poder Ejecutivo al presentar el proyecto de presupuesto público ante el Congreso.
Por otro lado, el presidente de la CCL, Roberto De la Torre, indicó que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte debe encausar la lucha contra la delincuencia. “Urge un trabajo articulado con todos los actores. Por ello, el país requiere una política de Estado en seguridad ciudadana que trascienda a gobiernos y que comprenda de estrategia integral”, indicó.
“El estado de emergencia no cumple con los objetivos”
Aunque el Poder Ejecutivo insiste en la declaratoria de emergencia en distritos y provincias a nivel nacional como una forma de combatir la inseguridad, las protestas ciudadanas en estas zonas -como es el caso de Virú- aumentan los cuestionamientos contra este tipo de medidas. Al respecto, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, tuvo una opinión similar y afirmó que no se están cumpliendo los objetivos al utilizar estas medidas.
“Tenemos una crisis de seguridad, eso es innegable (...) el estado de emergencia no está alcanzando las metas que se han propuesto, sí creo que debe replantearse, tomar una medida para que sea efectivo y no sea un estado de emergencia de palabra”, afirmó a su salida de una ceremonia de inauguración de un archivo desconcentrado del Poder Judicial en Chiclayo.
Arévalo también sostuvo que por parte del Poder Judicial “no vamos a tolerar que jueces indebidamente e ilegalmente liberen a delincuentes; deben ser denunciados, procesados y sancionados”. Esto en la misma línea de declaraciones brindadas ante la prensa en abril de este año, cuando propuso sanciones para estos funcionarios.
En esa oportunidad, Javier Arévalo afirmó que “los jueces y fiscales son independientes, pero tienen que responder por eso (liberación irregular de delincuentes). Tiene que haber una figura penal que sancione e inhabilite a perpetuidad a quienes liberan a esas lacras que solo hacen daño a este país (...) Sería bueno que el Parlamento recoja mi voz. No más jueces que liberen asesinos”, sostuvo.
Actualmente, 14 distritos de Lima Metropolitana y el Callao se encuentran en estado de emergencia por un plazo de 60 días, de los cuales ya transcurrieron más de la mitad. Pese a que el Gobierno afirma que la situación ha mejorado, los alcaldes de Independencia, Puente Piedra y Ancón -zonas declaradas en emergencia- insistieron en que no ven cambios en la actividad criminal.
“No hay mayor presencia policial, es la misma que teníamos de manera regular. Los soldados de las Fuerzas Armadas que han venido, que serán un poco más de dos docenas, solo están parados en un solo punto. No hacen el patrullaje preventivo o disuasivo que esperábamos nosotros que realicen”, manifestó Alfredo Reynaga, alcalde de Independencia.
En Puente Piedra, Rennán Espinoza, afirmó que el patrillaje conjunto que realizan el Serenzago, la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Marina de Guerra solo es “por dos o tres horas en las noches y madrugadas”.
“El que las Fuerzas Armadas en este caso, la Marina, estén saliendo a patrullar las calles les devuelve la tranquilidad a los vecinos del distrito. Seguramente es muy poco lo que se está haciendo, pero no significa que no se esté avanzando”, aseguró por su lado el alcalde de Ancón Samuel Daza.
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