Congreso propone reformar la Constitución para frenar la ola delincuencial: iniciativa será presentada en Consejo de Estado

La escalada de la inseguridad ciudadana en el país motivó que el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, convoque a una reunión del Consejo de Estado. Así lo reveló el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, en su cuenta de X -antes Twitter- donde saludó esta reunión de altos funcionarios del Estado para tratar temas relacionados con la lucha contra la criminalidad.

En su comunicado, Salhuana también hizo pública una lista de los puntos que desea que se incluyan en la agenda de la sesión, entre los que se encuentran medidas como reformar la Constitución para que las Fuerzas Armadas apoyen a la PNP en la lucha contra la delincuencia -algo que ya hacen en el marco de estados de emergencia-, y mayor presupuesto para la Policía Nacional del Perú

Ttocar el presupuesto del Ministerio Público y el Poder Judicial para la creación de más unidades de flagrancia, una actividad que ya está desarrollando la gestión del titular del PJ, Javier Arévalo.

El control de los establecimientos penitenciarios también es un tema que Salhuana desea incluir en la agenda del Consejo de Estado, con especial énfasis en el aislamiento de reclusos y en la prevención de delitos que se cometen desde el interior de los penales. Esto debido a que incluso dentro de las cárceles se han presentado casos de extorsiones por teléfono.

Sin embargo, también se propone que en la agenda de esta sesión se tome en cuenta una iniciativa polémica: que los policías sean juzgados en un “proceso o fuero especial” en casos en los que se haga uso de su arma de reglamento cuando abatan delincuentes.

La propuesta no es nueva. A inicios de octubre el propio gobierno de Dina Boluarte, por medio del Ministerio del Interior -liderado por Juan José Santiváñez- anunció que la intención del Ejecutivo es que el personal de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas que sean denunciados por utilizar sus armas en el cumplimiento de sus funciones sean juzgados en fueros militares en lugar de la justicia civil.

“Se va a efectuar la propuesta normativa, para que todos los policías y militares, que pudieran ser denunciados como consecuencia del ejercicio de su función, por el uso de sus armas de fuego, sus procesos pasen al Consejo Supremo de Justicia militar, es decir, que no sean vistos por los juzgados civiles, sino por los juzgados militares, ya que estamos hablando de temas referidos al ámbito de la función”, explicó el titular del Mininter.

A su salida de una reunión con el decano del Colegio de Abogados, Raúl Canelo, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) destacó la necesidad de un marco jurídico que permita a los policías actuar sin temor a represalias legales cuando se enfrentan a delincuentes armados.

“Es importante decirles a los efectivos policiales ‘usen sus armas de fuego, usen las armas que el Estado para garantizar la seguridad’. Es lógico que los efectivos policiales hubieran tenido temor porque los antecedentes jurisdiccionales dicen que si un policía tiene un arma y enfrenta a un delincuente con cuchillo, lo último que tiene que hacer el policía es disparar”, declaró ante la prensa.

Según el oficio que llegó al despacho del congresista Salhuana y que fue enviado por el secretario general de la PCM, el Consejo de Estado fue convocado para discutir cuatro temas centrales: seguridad ciudadana, justicia y lucha contra el crimen organizado, control migratorio, y crecimiento económico. La cita fue pactada para este miércoles 30 de octubre a las 9:00 a.m.

Como se recuerda, el Ejecutivo ya propuso, por ejemplo, que la presidenta Dina Boluarte sea quien dirija de manera ‘indelegable’ la reforma del sistema de justicia pese a ser una investigada por el Ministerio Público, además de haber emitido un decreto para establecer mayor capacidad de control a migrantes -énfasis en ciudadanos venezolanos- que no se encuentren en el país de forma regular.

El presidente del Congreso también consideró como puntos de agenda la reglamentación dos leyes ya promulgadas por el Congreso entre el 2021 y el 2022: la primera, que establece procedimientos para entregar voluntariamente armas de fuego ilegales o irregulares; y la segunda que incorpora a los comités de autodefensa al sistema de seguridad ciudadana.