Aunque el Poder Ejecutivo insiste en la declaratoria de emergencia en distritos y provincias a nivel nacional como una forma de combatir la inseguridad, las protestas ciudadanas en estas zonas -como es el caso de Virú- aumentan los cuestionamientos contra este tipo de medidas. Al respecto, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, tuvo una opinión similar y afirmó que no se están cumpliendo los objetivos al utilizar estas medidas.
“Tenemos una crisis de seguridad, eso es innegable (...) el estado de emergencia no está alcanzando las metas que se han propuesto, sí creo que debe replantearse, tomar una medida para que sea efectivo y no sea un estado de emergencia de palabra”, afirmó a su salida de una ceremonia de inauguración de un archivo desconcentrado del Poder Judicial en Chiclayo.
El titular del Poder Judicial también afirmó que la responsabilidad de mantener la seguridad del Perú es el Poder Ejecutivo, que tiene al mando a la presidenta Dina Boluarte y a sus ministros. Aun así, indicó que por parte del Poder Judicial “no vamos a tolerar que jueces indebidamente e ilegalmente liberen a delincuentes; deben ser denunciados, procesados y sancionados”.
Como se recuerda, el 18 de marzo de este año -incluso antes de que se presente un proyecto de ley sobre el tema- durante una visita a Cajamarca, Arévalo pidió al Congreso que se desarrolle una propuesta legislativa al respecto.
En esa oportunidad, Javier Arévalo afirmó que “los jueces y fiscales son independientes, pero tienen que responder por eso (liberación irregular de delincuentes). Tiene que haber una figura penal que sancione e inhabilite a perpetuidad a quienes liberan a esas lacras que solo hacen daño a este país (...) Sería bueno que el Parlamento recoja mi voz. No más jueces que liberen asesinos”, sostuvo.
Sobre las protestas registradas en diferentes regiones del Perú organizadas por ciudadanos que piden mayores acciones contra la criminalidad, Arévalo sostuvo que las manifestaciones contra la delincuencia “son válidas, pero no deben bloquearse carreteras ni dañar bienes públicos o privados”.
Poder Judicial deberá acudir al Consejo de Estado
Esta mañana se pudo conocer, por medio del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, que el titular del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, convocó a una nueva sesión del Consejo de Estado para discutir temas relacionados con cuatro ejes: seguridad ciudadana, justicia y lucha contra el crimen organizado, control migratorio, y crecimiento económico. Por lo tanto, Arévalo está invitado y deberá acudir a la cita.
Esta reunión agrupará a los titulares de los tres poderes del Estado (Dina Boluarte, Javier Arévalo y Eduardo Salhuana), además de representantes de otros organismos como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público.
“El Consejo de Estado es un ente que congrega al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, al Poder Legislativo y a varios organismos constitucionalmente autónomos como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público, y ahí se va a tratar un solo tema en agenda: el de la seguridad ciudadana”, indicó Adrianzén a la prensa en días previos a esta convocatoria.
Salhuana saluda convocatoria al Consejo de Estado
Por su parte, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, en su cuenta de X -antes Twitter- donde saludó esta reunión de altos funcionarios del Estado para tratar temas relacionados con la lucha contra la criminalidad.
“Saludo la convocatoria al Consejo de Estado y proponemos agenda en beneficio del país (...) Urge consolidar liderazgo en la lucha contra la delincuencia, y acción unitaria de los poderes del Estado e instituciones del Sistema de Justicia. Desde el Congreso aportaremos lo que corresponda para lograrlo”, indicó el congresista de Alianza Para el Progreso.
En su comunicado, Salhuana también hizo pública una lista de los puntos que desea que se incluyan en la agenda de la sesión, entre los que se encuentran medidas como reformar la Constitución para que las Fuerzas Armadas apoyen a la PNP en la lucha contra la delincuencia -algo que ya hacen en el marco de estados de emergencia-, y mayor presupuesto para la Policía Nacional del Perú, entre otras propuestas.