Andrés Hurtado ‘Chibolín’ se declaró colaborador de la Fiscalía: “Puedo afrontar mi juicio afuera, con total transparencia”

El presentador de televisión Andrés Hurtado, quien enfrenta 18 meses de prisión preventiva por una trama de tráfico de influencias, lavado de activos y sobornos, declaró este lunes que se encuentra colaborando con el Ministerio Público en el caso que lo implica. Durante la audiencia de apelación contra su medida cautelar, pidió al juez César San Martín, presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, enfrentar el proceso en libertad.

“Vengo colaborando con la Fiscalía (...) no tengo ni un peligro de fuga, nunca lo tuve. Terminé mi programa y en ningún momento agarré un avión ni me fui, no tengo por qué irme. Puedo afrontar mi juicio afuera, con total transparencia, y dedicarme a trabajar”, afirmó desde el penal de Lurigancho.

También comentó que ha presentado 32 cartas notariadas de los comedores populares que apoya actualmente y señaló que los rumores sobre una posible fuga fueron un “show televisivo”. Asimismo, indicó que estuvo en una clínica tras una operación y recalcó su rol como único sustentador de su familia, especialmente de su hija de nueve años, quien requiere educación especial, siempre según su declaración.

“Soy el único sostén de mi familia, de mi hija. Ella tiene nueve años, está en un colegio no convencional; solo hay 8 niños en su clase porque los niños que tienen diferentes dificultades tienen que ser pocos. Yo me encargo todos los días de mi vida de estos gastos, (ya que su) mamá no puede trabajar”, indicó.

Además, insistió en poder afrontar el proceso en libertad para volver a las pantallas, ya que “casi 38 personas se han quedado sin empleo y dependen” del trabajo que él ofrece. El abogado Elio Riera, su defensor legal, afirmó que la Fiscalía carece de fundamentos para mantener a su cliente en prisión y solicitó que se le otorgue comparecencia con restricciones.

El juez Juan Carlos Checkley ordenó entonces que esta medida se extienda hasta el 18 de marzo de 2026, al concluir que el presentador carecía de arraigo domiciliario, familiar y laboral. Durante la audiencia, los abogados de la suspendida fiscal Elizabeth Peralta y del empresario Javier Miu Lei, también implicados en el caso, solicitaron declarar infundado el pedido de prisión preventiva y reducir la caución económica de un millón de soles, respectivamente.

El Ministerio Público desglosa los hechos atribuidos a los imputados en tres eventos principales. Primero, se acusa a la magistrada de ofrecer influencias al fiscal Lucio Sal y Rosas para que Miu Lei recuperara oro incautado, a cambio de un millón de dólares. Segundo, entre 2020 y 2021, Peralta presuntamente solicitó o recibió, a través de Hurtado, 80 mil dólares de Miu Lei para influir en una investigación por lavado de activos contra la empresa Paltarumi, competidora de su compañía.

Tercero, Peralta y Hurtado habrían pedido 100 mil dólares a la familia de Iván Siucho para detener una investigación contra su empresa. Siucho, tras conocer los antecedentes, entregó 20 mil dólares, pero al no completar la totalidad, se inició la investigación. Los fiscales tienen como evidencia un váucher de depósito a la empresa del presentador, según la resolución.

Después de escuchar los alegatos, el juez San Martín finalizó la audiencia y anunció que el fallo se dará a conocer a la brevedad posible.

Desde 2019, el presentador figura en registros públicos como apoderado legal de Demetrio Chávez Peñaherrera, conocido como ‘Vaticano’, un destacado capo del narcotráfico en Perú en los años 90. Según Perú21, la Administración de Control de Drogas (DEA) está centrada en las hijas de Hurtado, Josetty y Génnesis, quienes residen en EE.UU. y llevan un lujoso estilo de vida. Aunque afirman que sus ingresos provienen de redes sociales y colaboraciones con marcas, estas explicaciones no convencen del todo a las autoridades.