La elevada tasa de informalidad laboral sigue siendo uno de los mayores desafíos que enfrenta Perú en su avance hacia el desarrollo. En 2022, la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) reveló que cerca de 13.4 millones de trabajadores (75,7 % de la fuerza laboral) se desempeñan en empleos informales, carentes de acceso a beneficios esenciales como salud, pensiones o estabilidad laboral.
Este fenómeno impacta especialmente a mujeres, jóvenes, adultos mayores y migrantes, quienes, sin empleo formal, quedan expuestos a la precariedad económica y laboral. Además, la informalidad limita la capacidad del Estado de recaudar impuestos, obstaculizando el financiamiento de servicios públicos clave y reduciendo la competitividad del país.
Ante esta situación, la Unión Europea ha lanzado el proyecto ‘Perú Social’, una iniciativa con un enfoque integral para fomentar la protección social y el acceso a empleos decentes en el país. Jonathan Hatwell, embajador de la Unión Europea en Perú, destacó que “queremos que más trabajadores y trabajadoras, incluso los más vulnerables y los migrantes, accedan a derechos básicos y contribuyan a fomentar una economía más inclusiva y competitiva”.
Hatwell subrayó que la formalización laboral no solo fortalece la economía, sino que garantiza el derecho humano a la seguridad social. “La seguridad social no es una concesión; sin embargo, sin empleo formal y trabajo decente, es difícil garantizar este derecho”, afirmó.
Perú Social: una alianza estratégica por el empleo digno
Con un presupuesto superior a los 15 millones de euros, cofinanciado por la Unión Europea y la cooperación alemana, ‘Perú Social‘ busca construir un marco de políticas públicas y programas de capacitación que reduzcan la informalidad y faciliten el acceso al empleo formal para millones de peruanos. Desde 2024 y durante cuatro años, el proyecto trabajará con instituciones públicas, sector privado, actores sociales y académicos en el desarrollo de un sistema de empleo inclusivo.
La Organización Internacional Ítalo Latinoamericana (IILA) y la Fundación AVSI estarán a cargo de los programas de inclusión social, mientras que la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) aportará su experiencia en desarrollo sostenible y formalización económica, factores críticos para la transformación del mercado laboral. Estos esfuerzos buscan no solo mejorar las condiciones laborales, sino también impulsar una transición estructural hacia la estabilidad económica en Perú.
‘Perú Social’ forma parte de la estrategia ‘Global Gateway‘ de la Unión Europea, diseñada para impulsar inversiones sostenibles y equitativas en países socios. En el caso peruano, esta estrategia se centra en fortalecer el empleo formal como herramienta clave para construir una economía competitiva y reducir la vulnerabilidad de los trabajadores. Según Jonathan Hatwell, el proyecto busca fomentar el crecimiento económico, fortalecer la gobernanza y apoyar la formalización del empleo, con el fin de generar trabajos dignos y consolidar un entorno económico inclusivo.
Buscan acelerar la transición hacia la formalidad
El lanzamiento de ‘Perú Social’ estuvo marcado por el seminario ‘Hacia una nueva alianza estratégica para la transición a la economía formal en el Perú’, que congregó a autoridades, empresarios, académicos y expertos de distintos países.
El evento abordó el problema de la informalidad y propuso soluciones innovadoras para acelerar la transición hacia la formalidad, incluyendo la integración de políticas de desarrollo productivo y empleo en sectores estratégicos de inversión. Asimismo, el seminario puso en relieve los avances de Perú en su proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que requiere el cumplimiento de estándares laborales y económicos alineados con la economía formal.
Organizado en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), este evento subrayó la importancia de la cooperación internacional y de una sólida gobernanza para enfrentar la informalidad y construir un sistema de protección social robusto.