Saab, la empresa sueca seleccionada para proveer aviones caza por USD 3.500 millones a Perú, está bajo investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos por la venta de 36 aviones a Brasil en 2014. La compañía, a través de un comunicado difundido a mediados de octubre, confirmó la pesquisa y se comprometió a cooperar con las autoridades estadounidenses.
La investigación ha causado tensiones diplomáticas y fue calificada como “intromisión” por el presidente de Brasil, Lula da Silva. El caso, conocido como Operación Zelotes, involucra acusaciones de tráfico de influencias y sobornos contra Lula y su hijo. Aunque el expediente llegó a la Corte Suprema de Brasil, fue archivado en febrero de 2023 en ese país por el juez Ricardo Lewandowski, actual ministro de Justicia.
El caso se remota a 2014, cuando la exmandataria Dilma Rousseff compró 36 cazas por USD 5,400 millones. La fiscalía brasileña descubrió que el actual gobernante y su hijo, Luis Claudio, participaron de manera irregular en la transacción. La agencia Reuters reveló, además, que este último habría recibido una coima de USD 740,000.
Un asesor de la jefa de Estado mencionó que la intención es hacer el anuncio de la multimillonaria compra en la segunda semana de diciembre, luego de que el Congreso apruebe el presupuesto nacional del 2025. “En estos momentos los más entusiastas con la compra de los cazas son Dina Boluarte y Gustavo Adrianzén. Ellos han dicho que la oposición y los ‘antipatriotas’ no mandan en el país y que la adquisición va sí o sí”, señaló a la revista.
Por su parte, un alto funcionario del Banco de la Nación expresó a la revista su profunda preocupación al afirmar que la gestión de Boluarte podría poner en jaque las finanzas de la institución. La presidenta planea que el 50% del financiamiento para la compra de cazas provenga del Banco de la Nación.
De acuerdo con la revista, el premier Gustavo Adrianzén, con un pasado como consultor de la FAP, resultó con un papel protagónico en la millonaria compra: realizó informes legales clasificados como “secretos”, que no disponibles en el portal de proveedores del Estado. Por cada documento, el presidente del Consejo de Ministros (PCM) cobró entre S/ 6.400 y S/ 5.888.
Siempre según la investigación, la mayoría de los trabajos se realizaron en 2020, cuando el general Rodolfo García Esquerre era jefe de la FAP, quien fue nombrado posteriormente por Adrianzén como alto comisionado contra la minería ilegal.
El experto Andrés Gómez de la Torre estimó que las entregas de los cazas al Perú tomarían de dos a tres años, mientras que el exministro Jorge Chávez Cresta apoyó la compra al considerarla necesaria frente a incendios forestales. “Es necesario adquirir sí, pero cada adquisición debe tener una línea estratégica”, agregó.
Sin intermediarios
El general del aire Carlos Chávez Cateriano, comandante general de la FAP, ha declarado que Perú no empleará intermediarios ni brokers en la adquisición de 24 aviones, lo que permite a la Fuerza Aérea gestionar las negociaciones. Destacó que esta compra, pendiente durante 12 años, busca garantizar la seguridad y la integridad territorial del país.
El Congreso ha aprobado la interpelación del ministro de Defensa, Walter Astudillo, el 30 de octubre. Durante esta sesión, deberá responder sobre la compra de los aviones y otros asuntos relacionados con defensa y seguridad.
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