Cúpula de Sendero Luminoso será sentenciada este lunes por terrorismo y narcotráfico: fiscalía pide cadena perpetua para Elena Iparraguirre

Este lunes, el sistema judicial peruano dará un nuevo paso en la lucha contra el terrorismo al dictar sentencia contra la cúpula de Sendero Luminoso, organización maoísta responsable de uno de los capítulos más sangrientos en la historia reciente del país. La audiencia se celebrará a partir de las 10:00 horas en la Cuarta Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional, donde se espera una decisión sobre las acusaciones de terrorismo y tráfico ilícito de drogas que pesan sobre Elena Iparraguirre y otros 43 acusados.

El proceso, conocido como el ‘caso Perseo’, comenzó en mayo de 2021 y ha sido uno de los más importantes en la historia reciente de Perú en la lucha contra el terrorismo. El caso involucra a Elena Iparraguirre, viuda de Abimael Guzmán y considerada la ‘número dos’ de Sendero Luminoso, así como a varios líderes históricos de la organización. Abimael Guzmán, fundador y líder de la organización, formaba parte de los acusados hasta su fallecimiento en prisión el 11 de septiembre de 2021.

La Fiscalía ha solicitado cadena perpetua para los principales dirigentes senderistas, incluidos Iparraguirre y otros cabecillas como María Pantoja, Osmán Morote, Margot Liendo, Victoria Trujillo y Florindo Flores Hala, quienes han sido acusados de afiliarse y promover actividades terroristas financiadas con recursos provenientes del narcotráfico. Para los otros 20 imputados, considerados miembros de menor rango dentro de la estructura de Sendero Luminoso y del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), el Ministerio Público ha pedido condenas de 20 años de prisión.

Elena Iparraguirre fue detenida el 12 de septiembre de 1992 por el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) y está cumpliendo una condena de cadena perpetua debido al atentado con coche bomba en la calle Tarata en Miraflores, ocurrido en 1992, que resultó en la muerte de 25 personas y más de 100 heridos.

Las autoridades sostienen que el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), una organización de fachada que ha intentado inscribirse como partido político ante el Jurado Nacional de Elecciones, ha operado bajo las órdenes de Sendero Luminoso. La acusación señala que Movadef se ha financiado con dinero proveniente de actividades de narcotráfico y ha servido para mantener la ideología senderista activa en la vida política del país, buscando la liberación de sus líderes encarcelados y la legitimación de su legado violento.

El juicio también involucra a destacados integrantes del Movadef, como Alfredo Crespo, Fernando Olórtegui, Oswaldo Esquivel, Juan Ríos, Estela Guillermo Álvarez y Nerida Espinoza, quienes habrían participado en actividades de promoción y apoyo logístico a las acciones subversivas. Según la Fiscalía, estas actividades formaban parte de un esfuerzo coordinado para revitalizar la lucha subversiva en Perú bajo una nueva estrategia política.

Fundado en 1980, Sendero Luminoso lanzó una campaña armada en contra del Estado peruano con el objetivo de instaurar un régimen maoísta. Durante el conflicto armado interno, que se prolongó hasta el año 2000, la organización fue responsable de una serie de atentados, masacres y acciones violentas que dejaron más de 69,000 víctimas, según datos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). La brutalidad con la que operaban, tanto contra las fuerzas de seguridad como contra civiles, marcó una de las épocas más oscuras en la historia del Perú.

Tras la captura de sus líderes históricos, los remanentes de Sendero Luminoso encontraron en el narcotráfico una fuente de financiamiento para continuar con sus actividades. En la actualidad, los miembros de la organización que operan en la selva del Vraem (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro) colaboran con grupos del narcotráfico, proporcionando seguridad y logística para el transporte de drogas. Esta alianza ha permitido que la organización mantenga cierta capacidad operativa, aunque limitada en comparación con su apogeo durante los años 80 y 90.

La sentencia del ‘caso Perseo’ representa un esfuerzo del sistema judicial peruano para cerrar un doloroso capítulo en la historia del país y asegurar que aquellos responsables de promover el terrorismo y la violencia rindan cuentas por sus acciones. El fallo busca no solo castigar a los culpables, sino también enviar un mensaje de que el terrorismo y sus manifestaciones, sean en forma de violencia armada o de manipulación política, no tendrán cabida en la sociedad peruana.

Para las víctimas del conflicto, que dejó heridas profundas en miles de familias peruanas, el juicio y la eventual sentencia son pasos importantes hacia la justicia y la reparación. La sociedad peruana sigue enfrentando las secuelas del conflicto, y la memoria de los acontecimientos violentos continúa presente en la vida política y social del país. La sentencia a la cúpula de Sendero Luminoso es una reafirmación de la lucha contra la impunidad y del compromiso del Estado peruano con la paz y la seguridad.