Policía es acusada de aprovechar el estado de emergencia para extorsionar a un detenido con 4 mil soles

En el marco de un estado de emergencia que busca restablecer la seguridad en varios distritos de Lima y Callao, la Policía Nacional del Perú (PNP) enfrenta un nuevo escándalo de corrupción. Casos de extorsión han emergido en San Juan de Lurigancho, un distrito que, a pesar de las medidas restrictivas, se encuentra en el centro de una tormenta de denuncias sobre abusos de autoridad por parte de algunos de sus agentes.

Una suboficial de tercera, identificada como Esther Torres Chacón, se vio involucrada en un intento de extorsión a un detenido en la comisaría de Caja de Agua, de acuerdo con el informe del programa 24 horas de Panamericana TV.

Según el acta policial a la que tuvo acceso el citado medio, el 20 de octubre, un hombre fue intervenido por conducir su motocicleta bajo los efectos del alcohol. Aunque fue liberado esa misma noche por el fiscal de turno, dos días después, se encontró en una situación alarmante.

Al intentar recuperar su vehículo, la representante de la PNP le exigió 4 mil soles a cambio de devolverle su motocicleta y anular la papeleta correspondiente.

El denunciante, quien logró reunir solo 900 soles, alertó a la Dirección contra la Corrupción de la Policía, lo que llevó a una intervención de los agentes, quienes encontraron los billetes en posesión de la suboficial. A pesar de sus intentos por justificar la suma, la evidencia fotográfica proporcionada por la víctima fue contundente, por lo que Torres Chacón fue detenida al instante.

Juan Carlos Liendo, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), expresó, en conversación con 24 horas, su preocupación por estos actos de corrupción al afirmar que “no solo dañan la imagen de la policía, sino que incrementan la desconfianza generalizada de la ciudadanía hacia la institución”.

De acuerdo con Panamericana TV, otra denuncia reciente involucra a dos policías de civil que, según el testimonio de un ciudadano, lo interceptaron y lo obligaron a subir a una camioneta blanca con lunas polarizadas. Los agentes, en un acto de abuso de poder, le exigieron S/4.000 bajo la amenaza de revelarle a la familia sobre supuestas actividades ilícitas. En medio de su desesperación, el afectado logró reunir 2 mil soles, que pagó para su liberación.

La situación se complica aún más cuando se reveló que la camioneta involucrada pertenece a la pareja de uno de los suboficiales señalados.

El pasado 30 de septiembre, la Fiscalía Anticorrupción de Lima Sur (Primer Despacho) llevó a cabo la detención de 10 policías implicados en el cobro de sobornos a detenidos a cambio de evitar su procesamiento. Este hecho salió a la luz tras un operativo de allanamiento en varias comisarías.

El despliegue abarcó las dependencias de Depincri en Barranco-Chorrillos, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo, así como en la región de Arequipa. Durante la intervención, se arrestó a 10 agentes del orden y 2 civiles, como parte de una investigación que afecta a un total de 23 individuos en la capital y 4 en la ‘Ciudad blanca’.

El fiscal provincial Hugo Minaya reveló que agentes de la Policía Nacional podrían estar involucrados en una organización criminal conocida como ‘Los Arteros del Sur’. Este grupo se dedica a llevar a cabo operativos ficticios, abusando de su autoridad. La situación es aún más grave, ya que posteriormente incriminan a sus víctimas mediante pruebas falsas con el fin de extorsionarlas.

Este modus operandi, conocido como ‘sembrar’ a los detenidos, busca obtener beneficios económicos a través de la intimidación. En un operativo reciente, se realizó un allanamiento coordinado entre diversas unidades policiales y fiscales, quienes ingresaron a las instalaciones mencionadas para recoger evidencias y arrestar a los implicados.

Entre los arrestados se encuentra el comandante Eugenio Vallejos Salazar, jefe de la Depincri de San Juan de Miraflores. Este oficial está acusado de haber intervenido de manera ilegal en un taller de buzos deportivos en 2021, por lo que, presuntamente, habría exigido una extorsión de S/3.000.