En una ceremonia pública, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos devolvió a las familias los restos óseos de seis víctimas del caso Caraqueño-Pativilca, asesinadas el 29 de enero de 1992 por el destacamento militar Colina. Este acto se realizó tras la presentación de los resultados de la necropsia y análisis forense en el juicio oral por los casos Pativilca-Cantuta, según informó Comunicaciones Aprodeh.
Las familias de las víctimas, en busca de verdad y justicia, organizaron una misa de cuerpo presente antes de trasladarse al cementerio Pampa San José de Caraqueño-Pativilca para dar sepultura digna a sus seres queridos. Este acto simbólico busca cerrar un ciclo de dolor y reivindicar la memoria de las víctimas.
Las familias de Nieves Ernesto Arias Velasquez, Jhon Gilber Calderón Ríos, Felandro Castillo Manrique, Toribio Joaquín Ortiz Aponte, César Olimpo Rodríguez Esquivel y Pedro Damian Agüero River, seis víctimas de Caraqueño-Pativilca, pueden tener una ceremonia y un entierro para sus hijos, hermanos, padres tras 32 años de espera
Por la tarde, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) presentó los alegatos finales en el proceso penal contra los responsables de estos crímenes. El juicio se encuentra en su fase final, y se espera que en las próximas semanas se programe la lectura de la sentencia, lo que podría marcar un hito en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias.
El caso de Pativilca y otros crímenes del grupo Colina
Vladimiro Montesinos, exasesor presidencial, fue condenado a 19 años y 3 meses de prisión por este caso, tras admitir su culpabilidad en el asesinato de seis campesinos en Pativilca el 29 de enero de 1992.
El grupo Colina, una unidad integrada al Ejército y no un comando paramilitar independiente, fue responsable de múltiples crímenes durante los años 1991 y 1992. Bajo las órdenes de Montesinos y el entonces presidente Alberto Fujimori, perpetraron masacres como las de Barrios Altos, Pativilca, y La Cantuta. Estos actos fueron parte de una estrategia de guerra de baja intensidad, dirigida a eliminar a supuestos enemigos del Estado, aunque las víctimas no tenían vínculos reales con Sendero Luminoso.
En una sesión judicial de 2008, Jorge Enrique Ortiz Mantas, miembro del grupo Colina, declaró que la cadena de mando provenía directamente del general Nicolás Hermoza Ríos, quien a su vez respondía a Montesinos y Fujimori. Esta declaración fue crucial para la extradición de Fujimori desde Chile y su posterior condena a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad en los casos de Barrios Altos y La Cantuta.
El grupo Colina también fue responsable de otros crímenes, como el asesinato de la agente Mariela Barreto en 1997, quien fue torturada y descuartizada por filtrar información sobre las actividades del grupo. Aunque hay versiones encontradas sobre la responsabilidad directa en este caso, se sabe que la orden de eliminarla provino de Montesinos.
Montesinos, al declararse culpable en el caso Pativilca, logró una reducción de su pena original de 25 años. Se espera que obtenga su libertad en 2026, mientras que Santiago Martín Rivas, líder operativo del grupo Colina, lo hará en 2027. Ambos han cumplido con las penas impuestas por la ley, aunque sus crímenes siguen siendo repudiados por la sociedad.
Por este caso, el fallecido expresidente Alberto Fujimori enfrentaba restricciones de salida del país, y su responsabilidad en los crímenes era difícil de negar, especialmente tras la confesión de Montesinos.
El caso de Pativilca y otros crímenes del grupo Colina reflejan un periodo de extrema violencia en Perú, donde el Estado adoptó tácticas similares a las de los grupos terroristas. Estos eventos han dejado una marca indeleble en la memoria colectiva del país, y las condenas de Montesinos y Fujimori son un recordatorio de la importancia de la justicia en la reconciliación nacional.