Junín, Iquitos, Cusco, Arequipa, Juliaca, La Libertad, Piura y Lambayeque son algunas de las regiones del Perú que se preparan para participar en un paro nacional convocado para el 23 de octubre. La protesta, que involucra a gremios de transporte público y comerciantes, busca presionar al gobierno para que tome medidas efectivas contra el aumento de la criminalidad, incluyendo la extorsión y el sicariato, que han generado una ola de violencia en el país.
El paro también tiene como objetivo exigir al Congreso el archivo de proyectos de ley relacionados con el terrorismo urbano y la derogación de la ley contra el crimen organizado. Según los organizadores, si no se obtienen respuestas satisfactorias del Parlamento y del Poder Ejecutivo, las manifestaciones continuarán.
En Ica se convoca un paro agrario, que busca visibilizar diversas problemáticas, según informó La Lupa. Los trabajadores del sector agroexportador, han decidido unirse a esta protesta, que podría incluir bloqueos en la carretera Panamericana Sur.
En Junín, se ha decretado un paro cívico en solidaridad con los promotores de la protesta nacional, mientras que en Iquitos, el gremio de choferes de colectivos ‘Terminal’ ha señalado que acatará el paro en una fecha próxima, tras reunirse con el gremio de vehículos interprovinciales para decidir su participación.
En Cusco, los transportistas aún están evaluando su participación, según Estanislao Alegre, presidente de transportistas de servicio urbano. En Arequipa, la Cámara Regional de Empresas y Asociaciones de Taxis (CREAT) decidirá su adhesión al paro, mientras que el Sistema Integrado de Transportes (SIT) ha indicado que no puede paralizar debido a una cláusula contractual. Además, miembros de Construcción Civil han viajado a Lima para unirse a la protesta.
En Juliaca, la Organización de Transportistas (ORDET) está en proceso de coordinación para decidir su participación en la huelga nacional. En La Libertad, cerca de 3,000 transportistas urbanos e interprovinciales, junto con 10,000 taxistas de varias provincias, se unirán a un paro regional.
En Piura, específicamente en Sullana, los mototaxistas han programado su participación para el 31 de octubre, con el objetivo de exigir cambios en las leyes que consideran favorecen a los delincuentes. Por otro lado, en Lambayeque, los trabajadores han decidido no acatar el paro hasta el 12 de noviembre.
La convocatoria al paro nacional refleja el descontento de diversos sectores frente a la inseguridad ciudadana y la falta de acciones concretas por parte de las autoridades para garantizar la tranquilidad de la población.
Dirigentes de la CGTP convocan paro nacional en todas las regiones
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) ha convocado a un paro nacional el próximo 23 de octubre de 2024, en respuesta a la creciente inseguridad y corrupción que afecta al país. La movilización, que contará con la participación de transportistas, comerciantes, estudiantes y diversas organizaciones sociales, busca protestar contra la delincuencia y la derogación de la Ley 32108, según un comunicado de la CGTP.
La situación en Perú se ha visto agravada por una crisis política y moral, donde la criminalidad y el desgobierno han impactado severamente a pequeños empresarios y transportistas. La CGTP critica al poder legislativo por no mejorar el marco legal necesario para enfrentar el crimen organizado, y señala que la Ley 32108 favorece a delincuentes y corruptos, en lugar de frenar la criminalidad.
La inseguridad ciudadana ha llevado al gobierno de Dina Boluarte a implementar planes como “Plan Boluarte” y “Retorno Seguro”, que según la CGTP, no han logrado establecer una estrategia efectiva para combatir la criminalidad. Esta situación ha generado temor entre los emprendedores, obligándolos a cerrar sus negocios, lo que a su vez afecta la economía y aumenta el desempleo en el país.
La CGTP ha hecho un llamado a sus bases afiliadas para participar activamente en esta jornada de protesta, y también se prepara para una acción conjunta con todos los sectores el 12 de noviembre de 2024. La organización busca unir fuerzas para enfrentar los desafíos actuales y exigir cambios significativos en la política de seguridad y justicia del país.