Medidas de Dina Boluarte enfocadas a población venezolana son “discriminatorias” e “inaplicables”, advierten especialistas

La presidenta Dina Boluarte brindó una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno luego de más de 100 días de no declarar a la prensa. La mandataria indicó que iba a presentar un balance de su gestión; sin embargo, aprovechó el momento para informar sobre medidas contra la población venezolana, que especialistas consultados por Infobae Perú calificaron de “discriminatorias” e “inaplicables”.

“A los señores que alquilan sus domicilios, tengan cuidado a quiénes alquilan, vamos a caminar con la Sunat de la mano para poder controlar a los que alquilan y los que no demuestran de dónde vienen esos ingresos”, dijo la mandataria.

“Es de especial preocupación escuchar un discurso así porque fomenta discursos de odio y discursos xenófobos que alertan, no solamente a las personas venezolanas, sino a la comunidad internacional en general, porque alientan discursos que ampliamente han sido convocados a ser combatidos desde las Naciones Unidas, desde el sistema interamericano”, explicó Gabriel Vergara, especialista de Protección en VeneActiva.

En otro momento de su exposición, Boluarte dijo que los delincuentes extranjeros iban a ser expulsados del país. “No les vamos a permitir que se queden un día más en nuestro territorio”, aseguró.

Maholy Sánchez, especialista en refugio y líder de la Clínica Jurídica de VeneActiva, recordó que en este tipo de procesos no se realizan necesariamente hacia el país de origen, sino que se lleva a las personas a las fronteras de países que también exigen visa.

“Los requisitos que están pidiendo presentar, en mucho de los casos son de imposible cumplimiento no porque estén dentro de un proceso de conductas delictivas, sino porque las características mismas del país no facilitan tampoco la presentación de un contrato laboral estable, ni tampoco es la presentación de un contrato de arrendamiento”, precisó.

“Es preocupante que estas posiciones se estén tomando en este momento, justamente cuando Perú también ha reconocido que el fracaso del modelo de gobierno de Venezuela y que la situación de violación de derechos humanos ha sido reconocida a nivel internacional. No estamos hablando de emigrantes en este momento, estamos hablando de desplazados forzados”, añadió.

En ese sentido, comentó que se está solicitando que las personas migrantes puedan ser registradas en la frontera, para que ellas tampoco se conviertan en víctimas del crimen organizado.

Dina Boluarte aseguró que se hará un reajuste en la política de migraciones para exigir “a cada venezolano, que supuestamente trabaja de manera lícita, que presente su contrato de trabajo, que presente su contrato de alquiler”.

Para Gabriel Vergara, este tipo de medidas solo ocasionan que la informalidad, que alcanza hasta el 70%, siga creciendo. “En nuestro ordenamiento jurídico no existe de algún tipo de formalidad que especifique la forma en la que tienen que realizarse los contratos de alquiler, entonces solicitarla para una determinada nacionalidad es cuanto menos discriminatorio y además contraviene lo dispuesto en nuestro propio Código Civil. Tendría que hacerse una reforma macro. Consideraría que eso desde el punto de vista administrativo va a ser cuando menos inaplicable”, sostuvo.

Maholy Sánchez afirma que ya han existido esfuerzos para la presentación de documentación de población migrante o refugiada dentro del territorio, para identificar dónde se están alojando.

“El tema específico de presentar los contratos de trabajo no está establecido tampoco en norma, no está establecido dentro de la ley de Migraciones, salvo que sea para la calidad de trabajador. En otros casos te piden una declaración jurada sobre mantener la solvencia económica dentro del territorio, pero tampoco te indica de cuánto debe ser el mínimo vital para poder mantenerse. No sé si estarán pensando realmente en este momento crear nuevos mecanismos, cambiar las normas, para poder ajustarse a eso, porque lo único que han exigido es declaración jurada, porque es lo que establece la ley para la regularización migratoria”, enfatizó.

Finalmente, otra de las polémicas medidas mencionadas por la mandataria es el seguimiento de las remesas enviadas al exterior. “Para saber de dónde generan esos ingresos, les vamos a hacer seguimiento financiero, y aquel que no responda de manera cierta de dónde son sus ingresos, ahí les vamos a caer”, dijo la mandataria.

“Desde nuestro ordenamiento jurídico, no existe ningún tipo de obligación de presentar contratos de trabajo o especificar de dónde vienen los fondos de ingresos económicos para poder realizar remesa”, recordó Vergara.

“Este tipo de afirmaciones de la presidenta, coloca a las personas de nacionalidad venezolana en una especial situación de vulnerabilidad hoy en territorio nacional”, remarcó.