Luego de improvisar un discurso sobre seguridad ciudadana en una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte decidió promover una reforma de migraciones con la intención de luchar específicamente contra la criminalidad extranjera. El endurecimiento de medidas de control llegó apenas unas horas luego, con la promulgación de un decreto supremo que reforma la Ley de Migraciones.
En su declaración, la mandataria afirmó que “Ahora vamos a hacer un reajuste en migraciones. Les vamos a exigir a cada venezolano, que supuestamente trabaja de manera lícita, que presente su contrato de trabajo, de alquiler, y haremos un seguimiento en el sistema financiero. Vamos a hacer un seguimiento a las divisas o remesas que se mandan fuera del país para saber de dónde se generan esos ingresos, y aquel que no responda de manera cierta de dónde son sus ingresos, les vamos a caer”.
La nueva versión de la norma -que fue publicada esa noche en la edición extraordinaria de El Peruano- brinda facultades a Migraciones para acceder a todos los datos personales de los ciudadanos extranjeros, aunque la presidenta hizo especial énfasis en la comunidad de migrantes venezolanos en su discurso.
Información como “nacionalidad, fecha de nacimiento, sexo, nombres y apellidos completos del huésped extranjero” deberán ser registrados por los hospedajes y comunicados a la Superintendencia Nacional de Migraciones. Información como su número de documento de identidad o de viaje, además de su fecha de salida, también deberán ser comunicados a las autoridades.
Establecimientos podrán ser sancionados
La norma también señala que cualquier “infracción a estas disposiciones es conducta pasible de sanción para los establecimientos de hospedaje”, que sería de hasta 2 UIT (S/ 10.300) dependiendo de la omisión que se cometa. El documento solo es específico en tres casos:
- Por no pedir los documentos de viaje o identidad que autorizaron el ingreso del migrante al territorio nacional: Multa de 1 UIT.
- Por brindar alojamiento sin registrar datos como nacionalidad, fecha de nacimiento, nombres y apellidos completos, así como el número de documento de identidad o de viaje de la persona extranjera que acogen: Multa de 1 UIT.
- Si la información registrada no es enviada a Migraciones: Multa de 2 UIT.
La ley promovida por el gobierno de Dina Boluarte también afecta al acceso al alquiler de viviendas por parte de cualquier ciudadano extranjero y solo podrá realizarse si presentan un documento de identidad o de viaje de todos los ciudadanos extranjeros que integren el grupo que alquilará el inmueble. No dice nada sobre la presentación de contratos de trabajo formal, como sostuvo la presidenta en su discurso.
Según el superintendente de Migraciones, Armando García, la intención de la norma es que los establecimientos y las personas que alquilan sus propiedades puedan ayudar a la seguridad de migraciones. “La idea es que ellos estén seguros de a quién están alquilando”, indicó en referencia a los casos de ‘búnkers’ alquilados a grupos de ciudadanos extranjeros. “La intención es articular información (...) empezando por identificar a la persona, saber a quién estoy alquilando y quién está en mi hogar”, indicó a Canal N.
“El gobierno de Dina Boluarte quiere el aplauso fácil”
Por su parte, el exministro del Interior, Rubén Vargas, señaló al gobierno de Dina Boluarte por dar normas populistas en busca de un “aplauso fácil” en lugar de articular estrategias reales que permitan luchar contra la inseguridad ciudadana.
“Es una medida populista. Este gobierno no es capaz de articular dos o tres ideas y de presentar una estrategia que nos permita decir que hay medidas que están articuladas y que podrían revertir o frenar el desborde criminal. Siguen con el discurso fácil, con el aplauso fácil, con la demagogia (...) Nuestras fronteras están abandonadas (...) esto permite el ingreso de olas migratorias con personajes de todo tipo. Pretender perseguirlos cuando ya están en el territorio es bastante complicado”, indicó el extitular del Interior en Canal N.
Además, Vargas criticó que la presidenta haya indicado que recurrirá a Sunat para realizar actos de fiscalización de los ingresos de ciudadanos extranjeros pidiendo contratos de trabajo cuando la mayoría de la economía peruana se sustenta en la informalidad.
“Estamos en una economía que se mueve en una informalidad del 70 % o del 80 % inclusive en Lima. Va a ser bastante difícil reclamar contratos de alquiler, de trabajo y otras formalidades (...) Sería más eficiente si la presidenta y Sunat nos dijeran que tienen una estrategia para monitorear los 15 mil millones de dólares anuales que mueven las economías ilegales. Las muertes y el desborde criminal nace de las economías ilegales ¿Qué se hace contra ellas? ¿Tenemos en realidad una estrategia para enfrentar el avance de la cocaína en el VRAEM y en otras partes del país?”, afirmó.
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